Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, descartó que exista un conflicto de interés en el reciente nombramiento de Berenice de la Rosa Reynoso como integrante del Órgano de Administración Judicial, pese a que la funcionaria es esposa del titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFS), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
La inquietud surgió durante la presentación de los nombramientos, cuando se planteó la posibilidad de que la relación matrimonial pudiera afectar la imparcialidad en la revisión de las cuentas del Poder Judicial, ya que es el Instituto de Fiscalización el encargado de supervisar su manejo financiero.
Torres Sánchez precisó que los integrantes de dicho órgano no son designados por el Instituto de Fiscalización, sino a través de propuestas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales actúan de manera autónoma.
En ese sentido, afirmó que el hecho de que el titular del IFSE no haya intervenido en la designación elimina la posibilidad de un conflicto directo.
“El titular del Instituto de Fiscalización no la nombró, son los poderes, y los poderes son autónomos. Partiendo de esa circunstancia, no habría un pretendido conflicto”, sostuvo el funcionario estatal al responder a la inquietud.
El secretario también subrayó que la relación personal o conyugal de una servidora pública no debería ser motivo suficiente para invalidar su nombramiento, siempre y cuando este haya seguido los cauces legales y no exista injerencia indebida en el proceso.
Torres Sánchez reconoció que señalar exclusivamente el vínculo marital podría derivar en un sesgo de género, al limitar las posibilidades de desarrollo profesional de una mujer por su situación civil.
“Esa sola circunstancia de estar casada con otro funcionario no le prohíbe desempeñarse laboralmente como lo está haciendo, y más si no tuvo nada que ver en el nombramiento”, agregó.
Finalmente, el secretario insistió en que la autonomía de los poderes y la transparencia en el proceso de designación deben ser las garantías para evitar cualquier sospecha al reiterar que en este caso no se configura un conflicto de interés.
