Desiree Madrid
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que actualmente existen alrededor de 170 expedientes abiertos en el área de Asuntos Internos de la Guardia Civil Estatal (GCE), derivados de distintas faltas cometidas por sus elementos.
De ese total, 45 ya fueron turnados a la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de determinar sanciones administrativas o disciplinarias.
La declaración se dio tras los recientes señalamientos de abuso policial en municipios como Villa de Reyes y Huehuetlán, donde habitantes denunciaron presuntos actos de agresión o intimidación por parte de agentes estatales.
Juárez Hernández sostuvo que la coordinación entre la Guardia Civil y los municipios se mantiene fortalecida, y que los patrullajes se realizan en todas las comunidades como parte de un despliegue regional permanente, además de que el trabajo conjunto con las autoridades locales se revisa de manera constante y que los hechos recientes son observados “con seriedad y respeto”.
El secretario reconoció que pueden existir denuncias por abuso policial, pero las investigaciones competen a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que la Secretaría a su cargo solo interviene cuando hay requerimientos formales de información.
“Puede haber una carpeta abierta y su servidor no tener el dato, porque las denuncias se hacen ante la Fiscalía”, dijo, subrayando que no todas las faltas documentadas en Asuntos Internos derivan de actos de abuso o mala conducta frente a la ciudadanía.
Juárez Hernández detalló que los expedientes internos incluyen desde faltas administrativas menores hasta insubordinaciones o incumplimientos de reglamento, y que en los casos donde se determina responsabilidad, se turnan a la Comisión de Honor y Justicia.
Sin embargo, evitó precisar cuántos de los 170 casos vigentes están relacionados directamente con denuncias por violencia o abuso de autoridad.
Respecto a las protestas ciudadanas en Villa de Reyes, el secretario dijo que todas las expresiones públicas se toman con seriedad y respeto, y que los patrullajes en la zona continúan como parte de las tareas ordinarias de seguridad.
“Si hay alguna denuncia, le tocará a la Fiscalía revisar, no tanto a la Secretaría”, reiteró.
El funcionario estatal también sugirió que algunas inconformidades locales podrían estar vinculadas con las actividades de grupos criminales que buscan obstaculizar las operaciones de la Guardia Civil.
“Seguramente quienes se dedican a alguna actividad criminal no son empáticos con nosotros”, afirmó, aunque sin ofrecer detalles o pruebas concretas sobre estos presuntos vínculos.
Aunque Juárez Hernández insistió en que la coordinación con los municipios “se realiza en su momento” y que las acciones de seguridad buscan proteger a la población, las denuncias de abuso continúan apareciendo en distintos puntos del estado, con una relación cada vez más tensa entre la corporación estatal y las comunidades donde opera.
