Fernanda Durán
La encargada de despacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Olivia Salazar Flores, informó que durante este año el organismo ha abierto alrededor de 270 carpetas de atención, aunque cerca de la mitad continúan en trámite debido a los tiempos de investigación y a la falta de personal especializado.
“Este año se abrieron cerca de 270 carpetas en la Defensoría. Quiero aclarar que no todas estas carpetas son de investigación o de queja y tampoco son todas sobre violencia de género”, explicó la funcionaria, quien recién asumió la dirección interina del organismo tras la destitución de la anterior titular en medio de las protestas estudiantiles y la aceptación de la lentitud en la atención de casos por parte de la rectoría.
De acuerdo con Salazar Flores, los expedientes abiertos incluyen temas académicos, laborales y de convivencia universitaria, además de denuncias relacionadas con violencia de género. De las 270 carpetas registradas, unas 140 permanecen pendientes de resolución, mientras que el resto ya fueron concluidas.
La encargada detalló que se prevé cerrar el año con la conclusión de al menos 50 o 60 expedientes adicionales, aunque cada proceso requiere un análisis minucioso para garantizar certeza en la determinación de los hechos.
“Tenemos distintas versiones y lo que la Defensoría tiene que hacer es tener convicción sobre lo que pasó, y eso es lo que a veces demora un poco el tema de la investigación”.
Salazar reconoció además que la estructura limitada de personal ha sido un obstáculo para atender con mayor rapidez los casos, aunque confió en que la planeación institucional en curso permita una ampliación de la plantilla en 2026:
“Entiendo yo, y a raíz de la planeación que se está haciendo en octubre y noviembre, que podremos contar el próximo año con más personal”.
Respecto a los procedimientos de esclarecimiento, la funcionaria indicó que la DDU utiliza diversos medios de prueba, incluyendo videograbaciones de los campus, testimonios y evidencias digitales.
“Pedimos cámaras de vigilancia y, cuando no contamos con ellas, hacemos los llamados a las personas para que aporten su testimonio. Echamos mano de lo que tengamos: capturas de redes sociales, correos electrónicos, testimonios, de todos los medios que nos podamos allegar”.
La Defensoría, que recientemente fue objeto de reestructuración tras las movilizaciones universitarias, enfrenta el reto de recuperar la confianza de la comunidad y acelerar la atención de los casos de acoso, discriminación y violencia, uno de los principales reclamos expresados en los pliegos petitorios de octubre.
