María Ruiz
Actualmente la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) da seguimiento a un total de 182 casos de denuncias de violencia, mismas que corresponden al primer trimestre del año.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría, explicó que el 20 por ciento de los casos se tratan en concreto de violencia de género.
“No todos son de acoso y hostigamientos sexuales, eso es importante señalarlo, pues en muchos casos tiene que ver con otro tipo de conductas que van desde violencia psicológica hasta alcanzar otras formas de violencia sexual, como lo puede ser la mirada lasciva, el comentario sexista o no deseado”, apuntó.
Además, señaló que parte del seguimiento que le dan a estas denuncias es realizar la investigación de cada hecho, los cuales tienen un tiempo perentorio de tres meses para determinar si hay o no responsabilidad, y los casos se turnan a una Comisión de Justicia Universitaria.
“Nosotros le turnamos el expediente para que desahoguen el procedimiento en forma de juicio e impone la sanción a las personas. Nosotros solo hacemos la función de la investigación y determinamos medidas precautorias, por ejemplo, en el caso de un estudiante que convive con su agresor, pues buscar la separación inmediata y asegurar si eso implica también un riesgo, no solamente para el estudiante sino para más personas”, explicó.
Referente a si se han aplicado o no las sanciones correspondientes a las o los agresores, Navarro Sánchez señaló que este procedimiento ha sido difícil, pues muchos de ellos aplican mecanismos de defensa, como el amparo.
“Las otras contrapartes a veces no están conformes y activan todos los mecanismos de defensa que tengan, y entre esos mecanismos de defensa que tienen muchos recurren al amparo, que tiene un efecto en la tramitación de la suspensión o sanciones”.
La doctora detalló además que desde 1984 se preveían sanciones estatutarias en la UASLP por casos de violencia, como lo es la amonestación, la suspensión y la rescisión de la relación laboral, de las cuales esta última se aplicó a dos trabajadores de la máxima casa de estudios el año pasado.
“No quiero mentir, pero hasta el momento sí hemos registrado más de cinco suspensiones y lo que te diría también es que justo por eso el volumen tampoco es muy alto en los casos de violencia de género, por eso pueden decir que son muy pocas. Yo en realidad diría que es un gran logro, el poder decir que se está sancionando porque se envía un mensaje de no impunidad hacia la comunidad universitaria”.
También dijo que a quienes se les han aplicado amonestaciones por actos de violencia, que no precisamente se tratan específicamente de violencia de género, se encuentran docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.
Por último, Navarro Sánchez señaló que debido a estos casos, la Defensoría de Derechos Universitarios realiza acciones que incidan en la promoción y difusión de información a través de las unidades de género y derechos humanos instaladas en las dependencias académicas.
