Estela Ambriz Delgado
Comunidades indígenas que se encuentran amparadas para recibir el pago completo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), señalan que además de desacatar una orden judicial, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) buscan busca confundir, desacreditar, y criminalizar a sus asesores jurídicos.
En relación a un comunicado emitido el 19 de noviembre por ambas instancias, en el que se asegura que los recursos se encuentran detenidos debido a la suspensión provisional que les fue otorgada a las comunidades, estas consideran que se tergiversa la realidad y se trata de engañar a la población con sus declaraciones, además de estar en desacato al requerimiento judicial.
En el boletín se afirman que “(…) 13 comunidades permanecen temporalmente en proceso de resolución debido a que, como se decía anteriormente, personas ajenas a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas han controvertido el monto asignado a dichas comunidades, derivado de ello los jueces competentes ordenaron suspender provisionalmente la entrega de recursos, en tanto se resuelve de fondo el procedimiento jurídico correspondiente.”
A través de las y los integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes nahuas, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo tének, se enfatizó que quienes han suscrito los amparos para proteger sus derechos son autoridades comunitarias indígenas y el comunicado busca confundir, desacreditar, estigmatizar y criminalizar a sus asesores jurídicos.
Puntualizan que el Juzgado Séptimo ha sido claro en sus requerimientos y en el sentido de los mismos, al establecer que la suspensión se concedió para el efecto de que las cosas se mantengan en estado actual y se impida “que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo cualquier acto tendente a ejecutar o aplicar la reducción del monto señalado a la parte quejosa (…) es decir, las autoridades responsables deberán de abstenerse de reducir el monto asignado a la comunidad indígena…”.
Además de que el pasado 6 de agosto el Juzgado Séptimo requirió nuevamente a Bienestar dar cumplimiento a las suspensiones definitiva y provisionales otorgadas a las comunidades en el expediente 269/2025 y acumulados, y se señaló nuevamente que “sin que ello implique que no se realice la entrega de dicho que recurso a la parte quejosa”.
Asimismo, las y los consejeros destacaron que en la documental del proceso legal se puede constatar que Bienestar e INPI han buscado dilatar el proceso legal, pues a través del director general de Desarrollo Regional y el director de Normatividad y Procesal para el Desarrollo Regional de la secretaría, continúan incumpliendo los requerimientos del juzgado.
Inclusive se ratificaron los bloqueos de las cuentas mediante los oficios BIE/DGDR111/5353/2025 y BIE/DGDR111/5531/2025, en los que se indica que no se transfieran los recursos, lo que interpretan como una conducta en contra de lo que ha requerido el juzgado, con apego al Estado de Derecho.
Explican que, por esta razón, el 14 de octubre el Juzgado Séptimo volvió a hacer los requerimientos para que se liberen los recursos y se desbloquen las cuentas de las comunidades afectadas, dándoles tres días para que cumplan.
Además, señalan que Bienestar, a través de su Abogado General y Comisionado para la Transparencia, interpuso un recurso de revisión el 4 de agosto de 2025, en un intento por dilatar las resoluciones. A lo que se suma que el 14 de noviembre el representante estatal de INPI, Mario Godoy Ramos, interpuso un recurso de revisión adhesiva para dilatar el proceso y asfixiar legalmente y económicamente a las comunidades indígenas.
“Mario Alberto Godoy Ramos, por diversos medios y haciendo uso ilegal de recursos públicos, ha estado presionando, dividiendo y coaccionando a las autoridades indígenas que interpusieron amparos para que se desistan de esta garantía constitucional, cuando él se supone, debe ser el garante de proteger los derechos de los pueblos y comunidades, y se ha demostrado sistemáticamente que va en contrario. Incluso haciendo uso indebido de la radiodifusora XEANT para desinformar y difamar a los consejeros y autoridades indígenas en el estado que han defendido los derechos indígenas”, aseguran las y los consejeros.
Para concluir, exigen que se liberen los recursos y se desbloquen las cuentas que legítimamente pertenecen a las comunidades, y hacen responsables a los titulares de las dependencias citadas de las futuras acciones que en su derecho emprendan.
