Estela Ambriz Delgado
El Colectivo Praxis Combativa informó que, luego de haber logrado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantiza la gratuidad en la educación superior de una estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizarán una nueva estrategia jurídica y legislativa para obligar a las autoridades a destinar fondos suficientes para el progreso educativo.
Tras la sentencia del amparo 305/2025, emitida el 27 de noviembre, en la que se otorga la protección federal a la estudiante, se anula el cobro de una cuota de inscripción, ordena cancelar la ficha de pago, así como devolver cualquier monto ya cubierto y garantiza que la alumna continúe sus estudios sin que se le exija pago alguno, CPC apunta a que ahora es necesario exigir al Gobierno del Estado que cumpla con el presupuesto que se requiere para extender este derecho a toda la población.
Indicaron que como ya había sucedido en otros juicios, se obliga a la UASLP a no cobrar cuotas y reintegrar el dinero de inscripción, pero el mayor alcance de esta es ratificar de forma definitiva que el derecho a la educación superior gratuita es de aplicación inmediata, sin limitantes o gradualidades como erróneamente lo estableció el Congreso de la Unión, y sienta un precedente que se extiende a todas las instituciones de educación superior del país.
Sin embargo, el abogado David Reyes Medrano puntualizó que la victoria obtenida es parcial, pues en los juicios que han señalado también como autoridades responsables del inacceso a la educación superior gratuita al Poder Ejecutivo, estatal y federal, al Congreso de la Unión, y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, el Poder Judicial no ha dado el paso de exigirles se destine el presupuesto necesario.
“Si bien ahorita es positivo que sea este precedente a nivel nacional, de que no se puede postergar la educación y ahora con cualquier amparo, cualquiera puede si meter una crisis financiera, si no hay voluntad política y si no hay un verdadero intento o esfuerzo por garantizar la educación por parte de esas otras autoridades (…) también tiene que haber un compromiso por parte de las autoridades de dar el recurso, y en los juicios que hemos ganado se dice: ‘sí, han sido omisos’, pero no ha habido ese paso por parte del Poder Judicial”.
Por ello, el colectivo plantea una serie de escalada en la estrategia que tiene que ver con presión jurídica presupuestaria, a través de promover nuevos juicios de amparo, pero ahora enfocados en presionar para que se destine el presupuesto necesario y se cumpla cabalmente con el mandato constitucional, así como la presentación de una iniciativa de reforma que garantice un porcentaje mínimo del presupuesto total para la educación, en concordancia con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Finalmente, reconocieron que el déficit presupuestario podría afectar no únicamente el sostenimiento de la UASLP y otras instituciones de educación superior, sino que de no atenderse, afectará el progreso y el desarrollo educativo del estado y de la nación.
