Desiree Madrid
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, afirmó que la investigación por la denuncia de acoso y hostigamiento sexual presentada por dos ex trabajadoras del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sigue abierta, aunque existen diligencias pendientes que han impedido una resolución tras 11 meses.
“La Fiscalía ha estado informando y por ahí hay algunas cuestiones todavía pendientes, pero estamos trabajando”, declaró.
Cuestionada sobre la posibilidad de que el titular del TEJA, identificado como Claudio N., sea separado de su cargo, la fiscal evitó adelantar cualquier definición.
“No puedo adelantar nada, porque no me corresponde”, respondió al ser interrogada directamente sobre una eventual destitución, al subrayar que esa determinación no está en el ámbito de competencia de la Fiscalía.
Respecto al retraso señalado por las denunciantes, García Cázares apuntó a actuaciones que no se han desahogado.
“Incluso la defensa dijo que iba a ampliar las entrevistas de las muchachas y estamos esperando que lo hagan”, explicó, sin precisar fechas ni plazos para que las diligencias se lleven a cabo.
La fiscal no ofreció mayores detalles sobre el contenido del expediente ni las razones específicas por las que las entrevistas no se han ampliado; tampoco estableció un calendario para la conclusión de la investigación. Su postura se centró en reiterar que el caso continúa en trámite y que los pendientes son parte del proceso.
Las declaraciones se producen luego de que se hiciera pública la denuncia de dos ex empleadas del TEJA, quienes señalaron que llevan 11 meses de atrasos en su caso tras denunciar por acoso al titular del órgano, Claudio N. Las denunciantes han cuestionado la falta de avances y la prolongación del proceso sin una definición clara.
De acuerdo con lo expuesto por las ex trabajadoras, los hechos denunciados ocurrieron cuando ambas laboraban en el tribunal y, tras presentar la denuncia, dejaron sus cargos. Desde entonces, han señalado que el procedimiento se ha mantenido sin resolución, pese al tiempo transcurrido.
La Fiscalía sostiene que el expediente sigue activo, que hay diligencias por desahogar y que están “trabajando”, sin adelantar si habrá sanciones o medidas en el corto plazo.
