Fernanda Durán
Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, consideró que el incremento —de 21.8 millones de pesos respecto al año anterior— asignado al Poder Judicial representa una base adecuada para atender algunas de las principales presiones operativas, particularmente el rezago en los juzgados, aunque precisó que la administración de los recursos quedará en manos del nuevo órgano de administración derivado de la reforma judicial.
En entrevista, la magistrada explicó que la evaluación sobre la suficiencia del presupuesto y su aplicación corresponde ahora al órgano de administración, instancia responsable de las decisiones financieras tras los cambios estructurales en el Poder Judicial.
“Ahora con motivo de las reformas, el órgano de administración es el encargado de ver estas cuestiones financieras y esta cuestión de si va a alcanzar o no”.
Zarazúa Martínez calificó como favorable el incremento aprobado para 2026 y afirmó que el Poder Judicial ya había trabajado de manera anticipada en la planeación interna.
En cuanto a la atención del rezago en los juzgados, la presidenta del STJE aclaró que la estrategia no se centrará en contrataciones externas, sino en el fortalecimiento del personal existente, aunado a ello informó que se prevé una convocatoria cerrada dirigida a integrantes del propio Poder Judicial que cumplan con los requisitos para ascender a cargos clave.
“No es como tal una nueva contratación, sino tomar al personal porque va a ser una convocatoria cerrada, es decir, para los propios integrantes del Poder Judicial que cumplan con los requisitos y con las aptitudes”.
El objetivo de este esquema, precisó, es cubrir plazas estratégicas como las de secretarios de acuerdos, cuya falta ha impactado directamente en la acumulación de expedientes.
Respecto a los temas laborales pendientes, como jubilaciones, prestaciones y posibles adeudos a personal en activo y retirado, Zarazúa Martínez señaló que se trata también de atribuciones del órgano de administración. Reconoció que existen asuntos por resolver, aunque explicó que los tiempos han sido limitados ante la transición institucional.
“Tengo entendido que sí (…) hay temas pendientes, porque bueno, ahora sí que los tiempos sí han sido apremiantes”.
Añadió que será al inicio de 2026 cuando el órgano de administración aborde de manera formal estas decisiones.
El Poder Judicial tendrá un presupuesto de 1 mil 371 millones 857 mil 396 pesos, el ajuste aprobado representa un aumento de alrededor de 21.8 millones de pesos respecto al presupuesto base de 2025 —que fue de aproximadamente 1 mil 350 millones de pesos—; aunque el incremento fue calificado como positivo por su titular, la atención del rezago, las promociones internas y la regularización de prestaciones dependerán de las resoluciones que adopte el nuevo órgano administrativo en los primeros meses del próximo ejercicio fiscal.
El Órgano de Administración Judicial quedó integrado por tres consejerías designadas por los distintos poderes del Estado: Berenice de la Rosa Reynoso, nombrada por el Poder Legislativo; Francisco Ramos Silva, designado por el Poder Ejecutivo; y José Alfredo Salazar Hernández, representante del Poder Judicial.
