Fernanda Durán
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa, informó que la reciente salida de personal del Poder Judicial corresponde a la no renovación de contratos temporales y no a despidos, como se ha difundido en los últimos días, y que la decisión respondió a limitaciones presupuestales y a procesos de reorganización interna.
De acuerdo con la información proporcionada por el órgano de administración, Zarazúa precisó que se trata de 49 personas cuyos contratos concluyeron y no fueron renovados, por lo que negó que exista un cese masivo fuera de la ley.
“No fue un despido como tal, el contrato feneció y ya no se renovó”, explicó, al señalar que la medida se tomó tras evaluar el presupuesto disponible y otras necesidades prioritarias del Poder Judicial.
La magistrada presidenta indicó que esta determinación se enmarca en un contexto financiero complejo, en el que también se debe considerar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un cambio estructural que implica requerimientos presupuestales adicionales. En ese sentido, sostuvo que la no renovación de contratos fue una decisión “meramente presupuestal”, derivada de los recursos con los que actualmente cuenta la institución.
Respecto a la forma en que se cubrirán las funciones que realizaba el personal cuyo contrato concluyó, Zarazúa señaló que, a solicitud de la Presidencia, el órgano de administración analiza mecanismos de redistribución interna.
La estrategia consiste en que, si algún juzgado o área quedó con afectaciones, se puedan cubrir esos espacios con personal de otros órganos que cuenten con mayor disponibilidad, a fin de evitar impactos en la impartición de justicia.
Sobre el estado general de los juzgados y salas, la presidenta del Supremo Tribunal aseguró que, aunque los indicadores en las salas son positivos, persiste un déficit de personal en áreas clave del Poder Judicial, particularmente de secretarios de acuerdos, actuarios y personal técnico-jurídico.
Ante esta situación, adelantó que durante el presente mes se emitirá una convocatoria para reforzar estas áreas, mientras se analizan medidas adicionales para atender el rezago.
Zarazúa explicó que aún no se ha definido el número exacto de personas que podrán participar ni los criterios finales de evaluación, ya que estos dependerán del diseño de la convocatoria y de la calificación mínima que se establezca. No obstante, de manera preliminar, el órgano de administración ha planteado la necesidad de alrededor de 30 nuevos secretarios de acuerdos como primera etapa para fortalecer la operación de los juzgados.
En cuanto a las condiciones de infraestructura, la magistrada presidenta reconoció que existen inmuebles judiciales que requieren atención urgente, tanto en la capital como en el interior del estado.
En particular, mencionó que tras visitas recientes a la región Huasteca, especialmente a Ciudad Valles, se identificaron deficiencias en las instalaciones actuales, las cuales ya fueron planteadas al órgano de administración como una necesidad prioritaria.
Aunque evitó hablar de la creación inmediata de una ciudad judicial en la Huasteca, Zarazúa señaló que se analiza la posibilidad de mejorar o reubicar instalaciones existentes, privilegiando opciones que representen una inversión más rentable y funcional a largo plazo, antes que recurrir a nuevas rentas.
Las declaraciones de la presidenta del Supremo Tribunal se dan en medio de versiones que han circulado sobre supuestos despidos masivos de más de un centenar de trabajadores.
Sin embargo, Zarazúa sostuvo que, con base en la información oficial del órgano de administración, los movimientos recientes corresponden únicamente a contratos que concluyeron y a un proceso de reorganización interna, mientras se preparan acciones para reforzar al personal y atender las necesidades operativas del Poder Judicial.
