Por Victoriano Martínez
Entre el 1 de diciembre del año pasado y el 31 de enero de este año el proceso de fiscalización de las cuentas públicas 2024 se congeló: en su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) volvió a presentar los mismos números.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para el 16 de diciembre el IFSE debió notificar a los entes fiscalizados el resultado de las auditorías, y para el 29 de enero pasado concluyó el plazo para que atendieran las observaciones e hicieran las aclaraciones.
Al presentar en su comparecencia de la semana pasada los mismos resultados, pareciera que todos los entes fiscalizados presentaron su información el último día del plazo y en un sobre cerrado que el IFSE se dispone a abrir dentro de 60 días hábiles, que es el plazo que, según la ley, tiene para analizar las constancias y determinar las observaciones que no hayan sido solventadas, a efecto de proceder a las siguientes acciones.
El hecho es que ese plazo para el IFSE corre a partir de que los entes presentan sus informes y es de considerar que algunos no los presentaron hasta el final. Además, se debieron abrir canales de comunicación para un mejor ejercicio de solventaciones, tanto en las aclaraciones como en los resarcimientos.
Resulta inverosímil que en dos meses (que incluyen los 40 días hábiles de notificaciones y periodo de aclaraciones) IFSE y entes fiscalizados no hayan tenido acercamientos tanto para las aclaraciones como para los resarcimientos, al grado de que la cifra de uno y otro rubro no se haya modificado en ese periodo.
El 27 de noviembre, cuatro días antes de presentar los informes, Lecourtois López aseguró que en etapas previas dentro del periodo de realización de las auditorías habían detectado más de dos mil millones en observaciones y para ese día se reportaba un monto acumulado cercano a los mil 400 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar.
Cuatro días después de aquellas declaraciones, el 1 de diciembre el monto de las observaciones pendientes de solventar se fijó en mil 830 millones 422 mil 356.45 pesos.
Es decir, dentro de los plazos de cada etapa del proceso de fiscalización, el IFSE está en condiciones de conocer las variaciones en los montos en los rubros que se manejan, al grado de que en cuatro días, del 27 de noviembre al 1 de diciembre, las observaciones pasaron de mil 400 millones de pesos a mil 830 millones 422 mil 356, 45 pesos.
El proceso de fiscalización se detuvo y, según el comunicado oficial de la comparecencia de Lecourtois López, se regresó en el tiempo:
“A pregunta del diputado Marco Antonio Gama Basarte, el titular del IFSE expuso que los entes fiscalizados tienen 30 días hábiles para solventar el monto y de ahí el IFSE 60 días para dar respuesta antes de iniciar la investigación final que podría terminar en sanciones que van desde una amonestación hasta la inhabilitación”.
Los 30 días hábiles para solventar ya vencieron. ¿Se chamaqueó a Gama Basarte o esa es la forma en que se patea el bote para que prevalezca la impunidad en el proceso fiscalizador?
El hecho es que un manejo tan poco claro de la revisión de las cuentas públicas que debiera estar acompañado de una real rendición de cuentas por parte del ente fiscalizador es posible justamente porque el IFSE es el primero que incumple con sus obligaciones de transparencia.
Han pasado dos meses de que presentó los informes de las 178 auditorías que presume y aún no los publica en su sitio Web ni en la Plataforma Estatal de Transparencia, donde en su lugar aún aparecen los correspondientes a las cuentas de 2023.
¿Y quién sanciona esa violación a la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia por parte del IFSE?
