Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales participar formalmente en la investigación de delitos del fuero común, funciones que hasta ahora correspondían principalmente al Ministerio Público.
La modificación, avalada por el pleno legislativo tras el dictamen emitido por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, reforma el artículo 122 Ter de la Constitución Política del Estado para armonizarla con el nuevo modelo nacional de seguridad pública aprobado a nivel federal en diciembre de 2024.
Con este cambio, la investigación de los delitos dejará de ser una atribución exclusiva del Ministerio Público y pasará a ser una función compartida con las corporaciones de seguridad pública, aunque estas deberán actuar siempre bajo su conducción y mando.
El decreto establece que “la investigación de todos los delitos del fuero común corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal, y a las policías municipales, a cada una en el ámbito de sus competencias”, mientras que la persecución de los delitos ante los tribunales seguirá siendo facultad exclusiva del Ministerio Público.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo de la reforma es fortalecer las investigaciones criminales, mejorar la coordinación entre autoridades y contribuir a reducir la impunidad, al permitir que más instituciones participen en la recopilación de información, pruebas y elementos necesarios para esclarecer delitos.
El Congreso consideró que esta modificación es necesaria para alinear la Constitución estatal con el artículo 21 de la Constitución federal, que ya establece que las tareas de investigación corresponden también a instituciones de seguridad pública, siempre bajo la dirección del Ministerio Público.
Aunque el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, las nuevas facultades de investigación se aplicarán de manera progresiva.
En el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal, estas funciones podrán ejercerse a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales asumirán estas atribuciones hasta el 1 de enero de 2028.
Además, las autoridades estatales y municipales tendrán un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones legales necesarias que permitan implementar este nuevo esquema de investigación.
El dictamen señala que esta reforma responde a la necesidad de mejorar la eficacia del sistema de justicia penal, ante el alto volumen de investigaciones y la carga de trabajo que enfrentan las fiscalías.
Según la exposición de motivos, permitir que más corporaciones participen en la investigación contribuirá a fortalecer la capacidad institucional del Estado para investigar delitos, mejorar la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia.
