Por Victoriano Martínez
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona habla de los grandes negocios que se hacen con las pipas para distribuir agua potable lo hace con conocimiento de causa, tanto porque él también ha aprovechado la escasez, como porque incumple con obligaciones que permiten que la distribución de esa manera sea negocio.
“Tenemos colonias completas donde no les dan un litro de agua. Porque su negocio de la maldita herencia es vender pipas de agua. Entonces no les conviene que tengan agua”, aseguró Gallardo Cardona ante vecinos de Las Pilitas.
Para colmo, cerró su intervención con un llamado político rumbo a las próximas elecciones: “Ya viene el otro año, vienen elecciones y ya van a andar tocando casas. Tocando casas y diciéndoles que ellos son el partido del cambio, y que ellos son la transformación. Es la misma gata, pero revolcada”.
Para su caso, el dicho que citó se puede parafrasear como “es la misma pipa, nomás que politiquera”.
Puede acusar a la “herencia maldita” de vender agua, pero eso no le quita la responsabilidad legal de ser quien, si lo permite en esos términos, confiesa que incumple con las obligaciones que le marca la Ley de Aguas del Estado en su artículo 8º, fracciones XLIII, XLIV, XLV y XLVI, que incluso lo facultan para fijar el precio de las pipas.
Lo que no puede es excluirse del lucro con el tema de las pipas, aunque no un lucro económico sino “político” (politiquero). Su llamado de advertencia con miras a las elecciones del próximo año colocan la compra 45 pipas entre 2024 y 2025, con un costo de 116.2 millones de pesos, como un instrumento para ejercer clientelismo electoral.
Lo mismo ocurre con los seis contratos para la renta de pipas por 10 millones 122 mil pesos en los que el negocio económico no fue para la “herencia maldita”, sino para los tres contratistas beneficiados con adjudicaciones directas (Diego Armando López y Leticia Medina Pineda) y con invitación restringida y licitación (Manuel Ruiz Contreras).
Gallardo Cardona no sólo incumple con la obligación de regular la venta de agua con pipas, sino que su incumplimiento de la Ley de Aguas también lo colocan como responsable de provocar la falta de agua en las colonias que señala.
La escasez de agua, han señalado los especialistas, tiene su origen en una combinación de alta ineficiencia operativa y crecimiento urbano desarticulado del balance hídrico.
Por lo menos cinco facultades que le señala la Ley de Aguas a la Comisión Estatal del Agua lo obligan a apoyar a organismos como el Interapas para realizar obras para la eficiente prestación de los servicios públicos.
Así, por ejemplo, el dato alarmante que señala que en la red de agua potable de la ciudad se pierde el 50 por ciento del líquido que se le inyecta, lo que provoca presión energética por su bombeo y las consecuentes emisiones contaminantes que requiere una rehabilitación inalcanzable financieramente para el Interapas y el Ayuntamiento, Gallardo Cardona estaba legalmente obligado a prestar su apoyo.
En tanto que no lo ha hecho (ni siquiera intentado o considerado), Gallardo Cardona tiene mucha responsabilidad en la escasez de agua potable que padecen las colonias. En tanto que ha aprovechado la escasez para promoverse con pipas con cargo al erario, lo igualan con quienes critica.
Más allá de “la misma pipa, pero politiquera”, la irresponsabilidad de Gallardo Cardona se agrava porque ante la situación de escasez que padecen muchas colonias en la ciudad, lejos de buscar soluciones de fondo, instrumentaliza la crisis para sacar ventajas que desvirtúan el servicio público al que está obligado.
