Fernanda Durán
La Arena Potosí, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), el Instituto de Regularización y Vivienda del Estado (INREVIS) y el Centro de Bellas Artes serán incorporados al Programa Anual de Auditorías 2026, mediante el cual el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) revisará el ejercicio de los recursos correspondientes a las cuentas públicas 2025.
El ajuste al programa fue presentado durante la sesión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado celebrada el 6 de marzo, en la que también se informó que algunas auditorías aplicadas en ejercicios anteriores dejarán de realizarse este año debido a cambios en el origen o el volumen de los recursos públicos que administran ciertos entes.
Durante la reunión, el auditor superior Rodrigo Joaquín Lecourtois López explicó que la definición de los entes a revisar parte de un análisis del flujo de recursos públicos y, con ello, se decidió incorporar nuevas instituciones que han incrementado su captación de recursos estatales o que concentran mayor interés público.
“Proponemos este nuevo programa anual de auditoría, en donde vamos a integrar la Arena Potosí que sí tiene mayores recursosestatales y que se proyecta un mayor ingreso público y del cual está interesado la ciudadanía, el Instituto de la Juventud y el Centro de Bellas Artes, que se van a integrar a este programa anual de auditoría, y de igual manera se integrará el INREVIS”, indicó el auditor durante su exposición ante las y los legisladores.
En el caso del INREVIS, explicó que su incorporación responde a la ampliación de sus funciones y recursos tras la reestructuración de organismos vinculados al desarrollo urbano.
“Recordemos que se fusionó con lo que era otro instituto que desapareció del Gobierno del Estado, la Promotora del Estado, y ahora va a captar más recursos y va a ingresar más recursos, con lo cual este año… también se integra a la auditoría”.
En contraste, el programa anual también contempla retirar del listado de auditorías a algunos organismos que habían sido revisados en ejercicios anteriores. Entre los más relevantes se encuentra el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), cuya salida se explica por el cambio en el origen de los recursos que administrará.
“Sale en museos principalmente de los más significativos podría ser el IEIFE, pero porque no van a tener captación de recursos estatales este año, van a ejercer puros recursos federales”, explicó Lecourtois López.
De acuerdo con el auditor, auditar recursos federales implicaría una inversión considerable de personal técnico del instituto, particularmente por el tipo de obra pública que desarrolla ese organismo.
“Implica mucha inversión de parte de nosotros de auditoría porque es obra pública. Y si se trata de recursos federales, no es necesario”.
Otros organismos culturales también dejarán de ser auditados dentro de este programa debido a la reducción de sus presupuestos estatales.
“Los otros museos fue porque ya recibieron menos recurso. Han estado realmente captando lo mínimo para subsistir y recursos casi siempre autogenerados y muy poquito asistencia estatal”.
Además del ajuste al programa de auditorías, durante la sesión de la Comisión de Vigilancia se informó que la totalidad de los entes fiscalizables entregaron su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, cuyo plazo venció el pasado 28 de febrero.
El presidente de la comisión, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Congreso recibió los informes financieros de los tres poderes del Estado, siete organismos autónomos, 59 municipios, 22 organismos operadores de agua, 20 sistemas DIF municipales, un instituto municipal de planeación y un instituto municipal de vivienda.
Hasta el momento, explicó, 63 cuentas públicas ya fueron remitidas al IFSE para iniciar el proceso de revisión, mientras que 45 restantes serán enviadas en los próximos días.
El Programa Anual de Auditorías 2026 fue finalmente aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Vigilancia, que ahora dará seguimiento al inicio de las revisiones que realizará el órgano fiscalizador sobre el ejercicio del gasto público correspondiente al año 2025.
