Por Victoriano Martínez
“Todas las colonias tienen denuncias de la venta de agua con las pipas, de cómo se les deja sin agua y a los dos días ya están las pipas haciendo su negocio buscando obviamente llevar un beneficio para sus bolsillos”.
Con esas palabras resume el gobernador Ricardo Gallardo Cardona su intención de sembrar entre la población la idea de que existe un equipo de personas confabuladas para crear de manera ficticia escasez de agua y abrir la puerta a un negocio manipulado, y por tanto ilegítimo, sin percatarse de que es él el responsable de que opere.
Por ser quien acusa, se le tiene que descartar como el promotor de ese negocio. Pero al ser quien está facultado legalmente para regularlo, no puede negar que es quien lo permite por la sencilla razón de que las pipas no pueden operar sin el permiso de la autoridad estatal, que él encabeza.
Por lo menos así aparece en el artículo 8º de la Ley de Aguas del Estado que en su fracción XLIII señala como facultad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) “expedir permisos a particulares para realizar transporte y venta de agua a través de cisternas en vehículos”.
Gallardo Cardona no sólo tendría que tener el control de las pipas que operan por ser quien les otorga los permisos, sino que tendría que dar a conocer –porque si cumpliera la ley estaría en condiciones de hacerlo– la lista de quienes se benefician de ese negocio.
La fracción XLIV del mismo artículo 8º le ordena “conformar y mantener un padrón de los particulares que realicen transporte y venta de agua a través de cisternas en vehículos, que incluya cuando menos: datos generales y fuente de abastecimiento autorizada”.
La población ni siquiera tendría porque recurrir a presentarle denuncias sobre las condiciones del servicio de pipas, porque Gallardo Cardona, a través de la CEA, está obligado a “realizar revisiones a particulares que realicen transporte y venta de agua a través de cisternas en vehículos” (Artículo 8º, fracción XLV).
Pero las pipas no sólo tienen que operar con un permiso que le otorgue Gallardo Cardona a través de la CEA, sino que es el propio gobierno estatal el que le pone límites al negocio, al tener la facultad de “establecer límites superiores de precios en que particulares oferten el agua a través de cisternas en vehículos” (Artículo 8º, fracción XLVI).
Si operan las pipas para la venta de agua es porque Gallardo Cardona les otorgó el permiso o las tolera.
Si las pipas pueden hacer negocio es porque Gallardo Cardona les autorizó “límites superiores de precios” abusivos o porque se los tolera.
El negocio de las pipas no puede existir sólo por la escasez de agua, sino por la posibilidad que tienen de operar y de poder hacerlo sin que exista un límite superior del precio, que resultan ser o un incumplimiento de la Ley por parte de Gallardo Cardona o una actitud tolerante en perjuicio de quienes padecen el desabasto de agua potable.
Por cierto, en la escasez de agua Gallardo Cardona no está exento de responsabilidad.
Desde el sexenio federal pasado fue exhortado a resolver los problemas del acueducto de El Realito, cuyas fallas persisten y dejan sin agua a entre 35 y 45 mil viviendas (potenciales clientes de las pipas), y no ha hecho nada por rescindir el contrato que tiene con la empresa a través de la CEA.
En la exposición de su cuento convenenciero, Gallardo Cardona oculta su irresponsabilidad para centrarse en responsabilizar de los problemas de abastecimiento al Interapas.
“Eso es también parte de lo que debemos de empezar a buscar, que se acabe con este organismo inoperante del Interapas”. Con esas palabras cerró su cuento de la confabulación de las pipas, como sí él no encabezara la autoridad facultada para su regulación.
Dramatizar con el tema y señalar a un solo responsable resulta muy efectivo para proyectar a un único culpable en quien recaiga el rechazo público y, lo peor, para ocultar y evadir la responsabilidad propia para promoverse cínicamente como quien auténticamente se preocupa por la población.
