Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad este martes 18 de marzo una reforma impulsada por integrantes del magisterio con el fin de fortalecer la autonomía sindical y evitar la intervención de autoridades en la vida interna de los sindicatos, particularmente en sus procesos electorales.
La modificación consiste en la adición del artículo 70 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, con el que se establece que los sindicatos deberán contar con protección frente a cualquier acto de intervención en su constitución, funcionamiento, administración y, particularmente, en sus procesos electorales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, cualquier conducta que contravenga este principio será considerada como falta administrativa grave y podrá ser sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, lo que incorpora un mecanismo de castigo directo para funcionarios que interfieran en decisiones sindicales.
Durante la discusión en tribuna, el diputado Crisógono Pérez López sostuvo que la propuesta se sustenta en principios fundamentales del derecho laboral.
“El sindicato debe de ser una organización auténtica de los trabajadores, libre, libre de toda subordinación política o administrativa”, expresó.
El legislador señaló que la autonomía sindical es un elemento indispensable para la democracia laboral.
“No se trata únicamente de una reforma técnica, se trata de una decisión política y ética en favor de la democracia laboral”, afirmó, al advertir que la intervención de autoridades en procesos internos ha sido una práctica recurrente que debilita la representación de los trabajadores.
El decreto aprobado establece que cualquier intervención indebida será considerada como falta administrativa grave, lo que permitirá sancionar a funcionarios públicos que influyan en elecciones sindicales o en la toma de decisiones internas de los gremios.
Asimismo, se incorpora un catálogo de conductas que constituyen injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica sobre trabajadores, el uso de programas o recursos institucionales para favorecer candidaturas, así como la difusión de propaganda desde espacios públicos o la intervención en la equidad de los procesos internos.
No obstante, durante el análisis en comisiones, la iniciativa fue modificada en su redacción original. Entre los cambios destaca la eliminación de referencias explícitas al uso de “recursos económicos” en diversas disposiciones, sustituyéndolas por conceptos más generales como “apoyos”, “servicios” o “recursos”.
En su análisis, el Congreso reconoció que persisten prácticas como la intervención de autoridades en procesos sindicales, el uso de recursos institucionales con fines políticos y la falta de imparcialidad, por lo que consideró necesario fortalecer el marco legal para asegurar procesos sindicales libres y democráticos en el estado.
El dictamen fue agregado de último momento a la sesión.
