Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió esta semana una iniciativa que propone modificar tres ordenamientos legales para establecer la obligación de los ayuntamientos de responder por daños o robos a vehículos estacionados en zonas reguladas con parquímetros.
La propuesta, presentada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, plantea reformas a la Ley de Tránsito del Estado, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objetivo de incorporar el concepto de “protección patrimonial en vía pública” como parte del servicio de estacionamiento.
De acuerdo con la iniciativa, el cobro por el uso de parquímetros ha derivado en un esquema en el que el usuario asume un pago obligatorio sin que exista una contraprestación en materia de seguridad, ya que actualmente las autoridades municipales se deslindan de cualquier responsabilidad en caso de robo o daño a los vehículos.
Actualmente, el sistema de parquímetros opera principalmente en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala.
En la Ley de Tránsito del Estado se concentran los ajustes principales: por un lado, se plantea modificar el artículo 6 para definir el concepto de parquímetro, ampliar la figura de póliza de seguro en estacionamiento en vía pública y crear la categoría de “protección patrimonial en vía pública”.
A la par, se pretende la modificación de los artículos 13 Bis y 15 para establecer que los ayuntamientos no sólo regulen el servicio, sino que garanticen dicha protección y, a través de las autoridades de tránsito, brinden apoyo a los usuarios en la gestión de reclamaciones y trámites derivados de siniestros.
Finalmente, se propone adicionar un párrafo al artículo 55 para establecer de forma expresa la obligación de contratar un seguro que cubra robo parcial y daños en estas zonas.
En cuanto a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la iniciativa plantea adicionar el artículo 280 Bis para vincular el servicio de parquímetros con la obligación de garantizar la integridad de los vehículos, en concordancia con la legislación de tránsito.
Por su parte, en la Ley Orgánica del Municipio Libre, se pide incorporar una nueva fracción al artículo 31 para establecer como obligación de los ayuntamientos garantizar mecanismos de protección patrimonial que cubran daños a los vehículos durante el uso del servicio.
La iniciativa establece que los municipios deberán contratar pólizas de seguro que cubran al menos el robo parcial y daños a los vehículos, y prevé que los propios ingresos generados por los parquímetros puedan destinarse a este fin.
Asimismo, contempla la creación de mecanismos administrativos para que los usuarios puedan presentar reclamaciones y hacer efectivo el seguro, con apoyo de las autoridades de tránsito.
En caso de aprobarse, el proyecto de decreto plantea un plazo de 180 días naturales para que los ayuntamientos que actualmente operan sistemas de parquímetros contraten las pólizas correspondientes y adecuen su normativa local.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de movilidad, comunicaciones y transportes; y régimen interno y asuntos electorales.
