Fernanda Durán
Una disputa interna por el control de espacios físicos dentro del Congreso del Estado escaló esta semana entre la Coordinación General de Servicios Parlamentarios y el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa (IIEL), luego de que se ordenara la reubicación de oficinas ubicadas en el segundo piso del edificio de Plenos “Ponciano Arriaga Leija”.
El conflicto se originó a partir de un oficio fechado el 12 de marzo de 2026, mediante el cual la presidenta de la Directiva, la diputada Sara Rocha Medina, instruyó a la Oficialía Mayor llevar a cabo el traslado del área que actualmente ocupa el Instituto, para que el espacio sea asignado a la Coordinación General de Servicios Parlamentarios. En el documento se señala que la decisión deriva de un acuerdo tomado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Ese mismo día, a través del oficio 347/2026, la oficial mayor, Dolores Eliza García Román, notificó al coordinador del IIEL, Óscar Samir Ramírez Macías, que con apoyo de las áreas de Servicios Internos e Informática se realizaría el traslado de las oficinas, incluyendo la planta alta donde se resguarda el archivo del Congreso.
Sin embargo, la medida fue formalmente rechazada el 17 de marzo mediante el oficio IIEL/86/2026, firmado por el coordinador del Instituto y su presidente, el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, quienes cuestionaron la legalidad de la instrucción.
En su escrito, los firmantes sostienen que ni la Directiva ni la Oficialía Mayor cuentan con atribuciones para ordenar la reasignación física de espacios administrativos, al tratarse de una facultad que requiere intervención de las instancias competentes en materia de administración interna y de un procedimiento formal.
Además, advierten sobre los riesgos que implicaría un traslado apresurado, particularmente por la presencia del Archivo del Congreso en el área en disputa, el cual contiene documentación histórica y administrativa que debe resguardarse bajo protocolos específicos. En ese sentido, subrayan la necesidad de llevar a cabo un proceso adecuado de entrega-recepción que garantice la integridad de los bienes públicos.
La situación incluyó señalamientos contra el titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, Iván Alejandro Alarcón Villegas, a quien se le atribuye haber intervenido antes de la emisión formal de la instrucción.
De acuerdo con el mismo documento, el 11 de marzo, un día antes de la emisión oficial de la instrucción, Alarcón Villegas acudió al área ocupada por el Instituto y presuntamente intimidó a personal para que desocupara los espacios. Los denunciantes calificaron este acto como “inadmisible en una institución pública” y como una intervención impropia en un ámbito que no le corresponde ejecutar.
Asimismo, señalaron que dicha conducta “vulnera los principios y reglas mínimas de actuación que rigen el servicio público en el Congreso del Estado”, al incurrir en posibles actos de agravio, desviación y abuso de autoridad en contra de otras personas servidoras públicas.
Ante estos hechos, el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa informó que no solo rechaza el contenido del oficio que ordena su reubicación, sino que también dio vista al Órgano Interno de Control para que se investiguen las conductas denunciadas y se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
Como parte de sus peticiones, el Instituto solicitó que cualquier actuación futura se realice por la vía institucional y por escrito, además de convocar a una mesa técnica con las áreas involucradas —incluyendo Oficialía Mayor, Servicios Internos, Informática, Archivo y Contraloría— para definir un procedimiento legal y administrativo adecuado.
