Fernanda Durán
Representantes de la Alianza Empresarial plantearon ante el Congreso del Estado la necesidad de emitir un reglamento que complemente el decreto vigente de la Zona Industrial, al advertir vacíos normativos, ambigüedades en el uso de suelo y falta de definición en responsabilidades de infraestructura.
Durante la reunión de la Comisión de Desarrollo Territorial, la coordinadora de la Alianza Empresarial, Imelda Elizalde Martínez, destacó la apertura al diálogo con el Poder Legislativo y que este acercamiento busca “tener a partir de hoy un diálogo abierto (…) para poder hacer esas propuestas de valor, que sumen a cualquiera de las iniciativas que tienen que ver justamente con el impulso al desarrollo económico”.
En la exposición central, el vicepresidente de la Canacintra, Ónix Ponce Lomas, señaló que la Zona Industrial enfrenta rezagos históricos en infraestructura y ordenamiento, al tratarse de un espacio de más de 2 mil 500 hectáreas con más de 600 empresas.
En ese contexto, explicó que, aunque el decreto vigente representa un avance, requiere ajustes.
“Vemos con buenos ojos este decreto, pero incluso creemos que, si lo pudiéramos haber socializado un poquito más entre los mismos usuarios, hubiéramos podido fortalecer o enriquecer algunos puntos”.
Entre los principales planteamientos, destacó la necesidad de actualizar el polígono de la Zona Industrial, ya que actualmente incluye espacios que no corresponden a su vocación.
“Hoy por hoy, cuando regresamos a la zona actual, pues incluye que la Zona Industrial incluye al Centro de Prevención y Rehabilitación Social, incluye una comunidad que se llama La Noria, incluye la zona habitacional, incluye parte de la carretera central, inclusive, este decreto último a lo que estamos haciendo referencia, hace entender que la Zona Industrial es parte de la delegación de Villa de Pozos”, expuso, al advertir la urgencia de redefinir sus límites con base en la realidad actual.
Asimismo, señaló la necesidad de aclarar las competencias entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento en materia de uso de suelo, ante controversias recientes, pues la redacción del decreto ha generado interpretaciones sobre posibles atribuciones estatales que corresponderían al ámbito municipal, por lo que es necesario evitar “este tipo de malinterpretación de que es ahora el Gobierno del Estado que va a tener el uso del suelo”.
Otro de los puntos críticos es la falta de delimitación de giros permitidos dentro de la Zona Industrial. Ponce Lomas advirtió que el decreto abre la puerta a actividades incompatibles.
“Como está el decreto, pudiéramos tener incluso algún restaurante, por ejemplo, a un centro autónomo al lado de una industria peligrosa (…) o un kinder, cualquier cosa pudiera ser no compatible”, dijo, lo que representa riesgos en materia de seguridad y protección civil.
Además, los empresarios señalaron la falta de claridad sobre quién debe hacerse cargo del mantenimiento y servicios en la Zona Industrial.
“Hoy por hoy nos tiene en este dilema de quién debería de ser responsable de los semáforos, del bacheo”, indicó, al señalar que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno estatal deben tener funciones claramente definidas.
Como alternativa inmediata, la Alianza propuso la elaboración de un reglamento que permita acotar estos vacíos mientras el decreto se mantiene vigente.
“Queremos ser proactivos, queremos llegar con propuestas que puedan generar mayor credibilidad”, sostuvo, al señalar que el documento incluye la participación de organismos empresariales en la evaluación de nuevos proyectos dentro de la Zona Industrial.
En respaldo a esta postura, representantes de organismos empresariales coincidieron en la importancia de institucionalizar el diálogo con el Congreso. Rodrigo Sánchez, presidente de la IPAC, señaló que este debe ser el inicio de un trabajo conjunto.
“Sí es importante tener este diálogo entre Congreso y el sector privado para poder entender mejor y estar participando en la revalorización de las leyes”.
Por su parte, el diputado César Lara Rocha, presidente de la comisión, reconoció que el decreto surgió como un intento de regular el crecimiento de actividades comerciales y de servicios en la Zona Industrial, y que no se buscó generar riesgos.
“Nunca pensamos en poner en riesgo a la ciudadanía. Siempre tratamos de hacer una modificación a este segundo decreto que era la razón del crecimiento que vemos en las zonas industriales”.
El legislador adelantó que la propuesta empresarial será analizada por la Comisión y por la Secretaría de Desarrollo Económico, y planteó dar continuidad a estos encuentros.
