Fernanda Durán
El Ayuntamiento de San Luis Potosí promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, al considerar que inciden en el ámbito competencial de los municipios.
Según el acuerdo mediante el cual la Corte admitió el caso del expediente 30/2026, el recurso fue presentado por el síndico municipal, Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, y se dirige contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por la discusión y aprobación del presupuesto, así como contra la titular del Ejecutivo federal, por su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2025.
En particular, el municipio impugna el artículo 3, fracción XVIII, inciso b), segundo párrafo, así como el artículo sexto transitorio del decreto presupuestal.
El primero establece los criterios para la distribución de recursos del Ramo General 33, correspondientes a las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, debe considerar la última información trimestral de población por entidad federativa, que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, así como las variables económicas como el Producto Interno Bruto per cápita por entidad.
Por su parte, el artículo sexto transitorio prevé que la Secretaría de Bienestar emita lineamientos para el uso de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mediante los cuales se podrá destinar hasta el 60 por ciento de dichos fondos a acciones complementarias de infraestructura, como pavimentación, caminos rurales, puentes y obras de reconstrucción.
Tras la recepción de la demanda, la Suprema Corte ordenó la integración del expediente y turnó el asunto al ministro instructor Giovanni Azael Figueroa Mejía, al detectar que hay otros asuntos similares sobre el mismo decreto.
Como parte del desarrollo más reciente del caso, el 11 de marzo de 2026 la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un oficio ante la Corte, mediante el cual designó a sus delegados.
