Por Victoriano Martínez
“La operación, reposición de equipos, conservación y mantenimiento del ACUEDUCTO EL REALITO, quedará a cargo de la CEA (Comisión Estatal del Agua)”, dice la cláusula “Quincuagésima. Rescisión” del contrato de prestación de servicios (CPS) firmado con la empresa española Aquos, que por las fallas frecuentes en el servicio se tendrá que aplicar.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca para este año una salida negociada que podría derivar en el retiro de la concesión del sistema El Realito, con la intención de que el Gobierno del Estado asuma su operación. Una intención que también se anunció en marzo del año pasado.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la CEA guardan un tan prolongado silencio que, aunque desde el sexenio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que gestionaran la rescisión del contrato por ser quienes lo firmaron y por lo tanto quienes tienen ese compromiso, han optado por no hacerlo.
Ha resultado evidente que Gallardo Cardona prefiere el acompañamiento de la Federación y la razón salta a la vista: “La operación, reposición de equipos, conservación y mantenimiento del ACUEDUCTO EL REALITO, quedará a cargo de la CEA”.
Si con la experiencia y capacidad de una trasnacional como Aquos, la concesionaria no ha sido capaz de una operación eficiente, de reponer los equipos, conservarlos y darles mantenimiento, ¿qué se podrá esperar de un gobierno especializado en espectáculos y obras de relumbrón de muy dudosa utilidad pública?
De entrada, con la rescisión del CPS, el gobierno estatal y el Interapas se quedarían sin el chivo expiatorio a responsabilizar del deficiente abasto de agua potable a la ciudad que además les ha funcionado como útil patiño para buscar que el público, en lugar de verlos como responsables, los vea como una víctima más de la negligencia de Aquos.
Con la rescisión del contrato, a Gallardo Cardona le queda la responsabilidad de operar eficientemente el acueducto para garantizar el abastecimiento de agua potable a entre un 14 y un 17 por ciento de la ciudad.
Las causales de rescisión se dieron desde febrero de 2021, cuando el Gobierno del Estado inició el proceso de rescisión administrativa con Aquos El Realito S. A. de C. V., pero con el cambio de administración, a la llegada de Gallardo Cardona a la gubernatura, el procedimiento se frenó.
En el anecdotario de lo ridículo quedó aquel anunció de Gallardo Cardona sobre un presunto acuerdo con Aquos para una inversión de 150 millones de pesos por parte de la empresa para reparar los ductos y garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad por 125 años.
Una milagrosa solución que, por las mismas fechas, dio paso a otra anécdota: el alcalde Enrique Galindo Ceballos, tras viajar a España a recibir su primera Escoba de Platino, fracasó al intentar entrevistarse con los directivos de Aquos. ¿Se lo imagina, escoba en mano, pidiendo audiencia a los directivos Aquos?
“Estamos generando un plan para poder acabar el tema con la concesionaria y que pudiese ser el gobierno del estado el que pudiera tener el manejo y mejorar el servicio”, informó Darío Fernando González Castillo, director local de Conagua, como para que quede claro que la intervención de la Federación no libera al gobierno estatal de esa responsabilidad.
Una vez rescindido el contrato, a todos los incumplimientos de la Ley de Aguas del Estado en que ha incurrido Gallardo Cardona al no contribuir en las medidas para resolver al abastecimiento de agua a la ciudad se le cargarían ahora el desabasto que se diera con cada falla del acueducto. Algo muy poco útil para su protagonismo heroico.
Gallardo Cardona ya no sólo sería la autoridad que por incumplir la ley permite el negocio de las pipas, sino que quedaría claramente expuesto como quien además provoca la necesidad de pipas en entre el 14 y el 17 por ciento de la ciudad.
Pero aún queda por ver si efectivamente se logra la rescisión del contrato este año, o si Gallardo Cardona se las arregla para arrastrar el asunto por año y medio más para evitar que le caiga tanta responsabilidad.
