Angélica Campillo
Desde el mes de febrero del 2021 el Gobierno del Estado comenzó con los trámites para rescindir el contrato con Aquos El Realito S. A. de C. V., reveló el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Jesús Alfonso Medina Salazar.
El funcionario estatal recordó que el acueducto El Realito entró en operación en febrero del 2015, por lo que la administración de Juan Manuel Carreras López recibió en septiembre del mismo año —cuando ya llevaba varios meses de funcionamiento—, un contrato de prestación de servicios ya firmado y con cláusulas bien definidas, por lo que el Gobierno del Estado está “un poco atado de manos”.
En cuanto a la rescisión del contrato de prestación de servicios, apuntó que este se realizará si en un año ocurren cinco fallas que dejen a la ciudadanía cinco días o más sin servicio, o que durante un mes se suspenda el servicio a los habitantes por más del 50 por ciento de los días de dicho período.
En ese sentido, Medina Salazar refirió que esta condicionante se dio en febrero del 2021, por lo que desde esa fecha el Gobierno del Estado inició el proceso de rescisión administrativa con Aquos El Realito S. A. de C. V., y hasta el momento el proceso continúa.
Refirió que la empresa argumenta que al estar corregida la falla deja de estar vigente esa condicionante para rescisión, pero el Gobierno del Estado no está de acuerdo.
Asimismo, agregó que el contrato también establece que si se rescinde el acuerdo será únicamente por la operación, por lo tanto la administración estatal tendrá que asumirla o, en su caso, en conjunto con Interapas.
El titular de la CEA manifestó que por diferentes situaciones, ya sea mala operación, vicios ocultos que tengan en la construcción, o problemas de debilitamiento estructural del tubo, es evidente que las fallas se han presentado de manera más constante, lo cual es preocupante, ya que esa situación va a prevalecer mientras no se tomen medidas más contundentes. Se dio a conocer que en el transcurso del 2021 se han registrado 10 fallas en el acueducto.
Explicó que en la actualidad, cada vez que hay una falla, hay una penalización que consiste en los gastos fijos de operación, que ascienden a alrededor de 2.8 millones de pesos, más la cantidad de agua que se dejó de suministrar en los días que estuvo sin operación el acueducto.
Estas penalizaciones han ido desde los 3.8 millones hasta los 6 millones de pesos, y adicionalmente están los costos de reparación de la falla, que cada una fluctúa entre 500 mil y un millón y medio de pesos.
Señaló que si las autoridades determinan que se rescinde el contrato entre el Gobierno del Estado y Aquos, la administración estatal, además de la operación del acueducto, también tendrá que asumir los costos de esas reparaciones, lo que representaría un gasto oneroso, ya que no tendrían a quien penalizar por las fallas.
Dijo que el recurso de la penalización no es un dinero que la empresa entregue al Gobierno del Estado, sino que la concesionaria entrega una nota de crédito para descontarla a la factura que paga Interapas correspondiente a la T2 (gastos fijos de operación), más el volumen entregado de agua.
Puntualizó que hay un tramo de tubería que presenta una fatiga muy importante, localizado desde Santa María del Río hasta la potabilizadora, en el que están concentradas el 95 por ciento de las fallas que han ocurrido.
Comentó que el pasado vienes 22 de julio se firmó un planteamiento con base en las cláusulas, donde se le exige a la empresa que en un lapso de 10 días presenten una propuesta para dar solución definitiva a la situación.
Además, en el oficio se menciona que tendrán que reemplazar el tramo de tubería desgastado, que es de cerca de 20 kilómetros, y el cual debe tener un costo de aproximadamente cien millones de pesos. No obstante, indicó que para la empresa, a corto o mediano plazo, va a ser más oneroso pagar tantas penalizaciones convencionales.
El titular aseveró que el contrato no contempla que el Gobierno del Estado deje de pagar la T1 (tarifa de infraestructura) cuyo costo anual es de más de 200 millones de pesos.
Medina Salazar adelantó que solicitará una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso, donde se buscará una salida jurídica para dejar de pagar la tarifa de infraestructura mientras la empresa Aquos no solucione las fallas, lo cual deberá ser aprobado por el Congreso del Estado.
“No estamos siendo omisos, no estamos del lado de la concesionaria, siempre nos hemos quejado de la manera en que estan operando”, recalcó.
De igual forma, titular de la CEA argumentó que para complicar más la situación, Aquos El Realito tiene en operación a otra empresa, Oersa, y entre ellos tienen problemas legales.
“Aquos ha estado tratando los últimos seis meses o más de sacar a Oersa de la operación de El Realito, porque argumenta que gran parte de las fallas en el acueducto son derivadas de la mala operación”, explicó.
Respecto al presunto ocultamiento del los contratos con Aquos El Realito y Tanque Tenorio, Medina Salazar refirió que les han llegado solicitudes de información vía transparencia, por lo que después de una reunión del Comité se determinó generar la versión pública de estos documentos, en lo que ya se trabaja y posiblemente esta misma semana se entregue a los interesados.
Explicó que, por ejemplo, en el contrato con Tanque Tenorio hay una parte que tiene que ver con tecnología de patente, la cual se tiene que textar, según el acuerdo de confidencialidad, pero todo lo demás será de libre acceso, pues la Ley de Transparencia obliga a que no se violenten los derechos de las personas que participan en estos convenios.
