Por Victoriano Martínez
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 6 mil 673 contratos de obras y adquisiciones firmados por los ayuntamientos del Estado, de los cuales el 65.1 por ciento fueron adjudicaciones directas, el 31.7 por ciento por invitación restringida, el 2.7 por ciento por licitación pública estatal, regional o local y un 0.2 por ciento a través de licitación pública nacional.
Como si el trabajo del INEGI requiriera de su validación, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), salió a declarar que la tendencia que marcan esos datos “es una cifra totalmente cierta”.
La expresión responde especialmente al alto porcentaje de adjudicaciones directas o por invitación restringida (96.8 por ciento) que, para Lecourtois López de acuerdo con lo que declaró, muestra que existe un uso extendido de las excepciones legales para evitar procesos de licitación pública.
“Se ha abusado de esta figura”, dijo. Afirmó que el abuso en las excepciones ha derivado en observaciones constantes por parte del órgano fiscalizador. “Ni siquiera integran un expediente completo o marcan como urgencia situaciones que no lo son y por eso se van por la vía de adjudicación directa”, dijo.
Dijo que las observaciones relacionadas con adjudicaciones directas rondan los 600 millones de pesos, por lo que “debemos de trabajar sobre todo con el Poder Legislativo para reforzar la ley en materia de adquisiciones y de obra pública”.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia, secundó lo declarado por Lecourtois López y anunció que presentará una iniciativa en la materia “para corregir esta situación, porque evidentemente no abona al clima de institucionalidad”.
Se trata de posturas aparentemente respaldadas por los resultados de la revisión de las cuentas públicas municipales 2024, lo que haría pensar que los informes individuales correspondientes a los 59 ayuntamientos están plagados de observaciones relacionadas con los contratos de obras y adquisiciones.
No obstante, de los 6 mil 673 contratos de obras y adquisiciones firmados por los ayuntamientos durante 2024, en los 59 informes individuales sólo aparecen observados 23 casos relacionados con licitaciones de 10 municipios, de los cuales sólo en cuatro tienen que ver con la falta de dictamen de excepción a la licitación pública.
De las cuatro faltas de dictamen de excepción a la licitación pública, uno (en Soledad de Graciano Sánchez) fue solventado y en los otros tres se inició Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (dos en San Luis Potosí y uno en Axtla de Terrazas).
El monto de 600 millones de pesos en las observaciones relacionadas con adjudicaciones directas que mencionó Lecourtois López está muy alejado del que resulta de la suma de los siete casos en los que se reportan como irregularidades en los informes individuales de auditoría, que suman 304 millones 962 mil 672.60 pesos.
El ayuntamiento con mayores observaciones con monto sobre obras y adquisiciones es el de San Luis Potosí con tres casos que acumulan 240 millones 27 mil 982.19 pesos, le sigue Villa de Reyes con 48 millones 950 mil 472.41 pesos, enseguida Mexquitic de Carmona con 13 millones 552 mil 218 pesos y por último Villa de Arriaga con 2 millones 432 mil pesos.
El hecho de que sólo en 10 ayuntamiento se tengan observaciones relacionadas con las licitaciones y de éstos sólo en cuatro se establezcan montos sobre el daño probable no corresponde con la situación “alarmante” que describen Lecourtois López y Gámez Macías… a menos que los informes estén maquillados y se trate de una indiscreción involuntaria y hablen a partir de los datos reales.
