Desiree Madrid
Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), pertenecientes a las Unidades 241 y 242 en San Luis Potosí, hicieron pública una denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de asignación del Estímulo al Desempeño Académico 2026, el cual es operado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
Los señalamientos apuntan a la aplicación de criterios que no están contemplados en la normativa vigente, lo que habría derivado en la exclusión de al menos tres docentes.
De acuerdo con la información difundida por los propios académicos, los docentes fueron calificados como “No favorables” bajo el argumento de no haber contado con un nombramiento de tiempo completo durante todo el año 2025. Sin embargo, sostienen que ni el reglamento ni la convocatoria establecen dicha condición como requisito, ya que únicamente se exige ser personal de tiempo completo al momento de solicitar el estímulo.
En el mismo sentido, los denunciantes señalaron que también se les dejó fuera pese a cumplir con el criterio de carga docente. Según lo establecido en la normativa, basta con acreditar un mínimo de 60 horas frente a grupo durante el año, condición que fue superada en los casos observados, sin que ello fuera considerado en la evaluación final.
Los académicos cuestionaron además las facultades de la comisión evaluadora, al considerar que no tiene atribuciones para modificar o interpretar de manera extensiva el contenido de las reglas establecidas. Bajo esta lógica, la incorporación de requisitos no previstos se traduce, según su postura, en un acto fuera del marco legal que vulnera el proceso.
A ello se suma una acusación más delicada: la presunta omisión en la revisión de los expedientes. Aunque los documentos fueron entregados en tiempo y forma, los denunciantes aseguran que no fueron evaluados. En la resolución de las impugnaciones, incluso la comisión habría alterado el contenido de disposiciones normativas para justificar las exclusiones, atribuyendo a los reglamentos condiciones inexistentes.
El proceso está a cargo de una comisión estatal dictaminadora encabezada por la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEGE. En este contexto, los académicos señalaron que, desde antes de la publicación de la convocatoria, algunos integrantes habrían manifestado su intención de impedir la participación de ciertos docentes, lo que llevó a solicitar vigilancia institucional previa a la evaluación. Pese a ello, la exclusión se concretó.
Otro de los puntos señalados es la posible existencia de un conflicto de interés dentro de la comisión. De acuerdo con la denuncia, algunos de sus integrantes participan también como beneficiarios del mismo programa de estímulos, y se advierte que, de no haberse aplicado los criterios cuestionados, algunos miembros podrían haber quedado fuera al ser superados en puntaje por los docentes excluidos.
Los académicos también señalaron que existen antecedentes en los que integrantes de la comisión habrían recibido el estímulo sin cumplir con los requisitos que ahora se están exigiendo, particularmente el de haber sido personal de tiempo completo durante todo el año evaluado, lo que refuerza la percepción de discrecionalidad en el proceso.
Ante esta situación, los afectados han iniciado acciones institucionales que incluyen recursos de impugnación, solicitudes de intervención de órganos colegiados, denuncias ante instancias de control interno y quejas ante organismos de derechos humanos. Más allá del resultado, subrayan que el problema central radica en haber sido excluidos mediante criterios inexistentes y sin una evaluación real de su trabajo académico.
Finalmente, exigieron la revisión integral del proceso y, en su caso, su reposición conforme a derecho, con el objetivo de garantizar condiciones de equidad, transparencia y apego estricto a la normativa vigente en la asignación de los estímulos académicos.
