Desiree Madrid
La ampliación de espacios de atención para mujeres en situación de violencia marcará la agenda de la Secretaría de las Mujeres en San Luis Potosí este año. A partir de recursos federales concursables, el estado incrementará el número de centros de atención, en un contexto donde la cobertura territorial sigue siendo un desafío en varias regiones.
Durante una entrevista, Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la dependencia, explicó que el acceso a financiamiento cambió recientemente, lo que obliga a las entidades a competir por los recursos mediante la presentación de proyectos.
“Todos los recursos económicos que antes se dividían por parte de Secretaría de Gobernación, pasaron a la Secretaría Nacional de las Mujeres”, señaló.
Este nuevo esquema implica que no hay montos garantizados, sino que dependen de la viabilidad técnica de las propuestas.
“Es a través de la Secretaría Nacional como hay programas que se abren para concurso, es decir, hacemos proyectos y dependiendo de la valoración de los proyectos y viabilidades, nos pueden o no otorgar el recurso”, explicó.
Para este ejercicio, el estado logró acceder a una bolsa cercana a los 40 millones de pesos, dirigida principalmente a ampliar la red de atención.
“En este año, nosotras gestionamos alrededor de casi 40 millones de pesos para la apertura de los centros libres”, indicó.
Con estos recursos, el número de centros pasará de 22 a 33 en el estado, lo que permitirá extender la cobertura a más municipios, aunque bajo un modelo que combina sedes fijas y atención itinerante.
“Teníamos 22 el año pasado y este año logramos 11 más… un centro libre es itinerancia con un municipio vecino y con eso obtenemos la cobertura total del Estado”, detalló.
La expansión no solo implica más espacios físicos, sino también la incorporación de personal especializado para la atención directa. De acuerdo con Serrato Sánchez, cada centro opera con un equipo multidisciplinario.
“Se contratan cinco profesionistas, una psicóloga, abogada, trabajadora social, una compañera promotora de redes y otra promotora de derechos humanos”, dijo.
Sin embargo, estos centros funcionan principalmente como una puerta de entrada al sistema de atención, más que como instancias que documenten formalmente denuncias o procesos.
“Es atención de primer contacto… nuestra población de atención de 15 en adelante, pues están orientadas a que principalmente llegan por ahí”, comentó.
El modelo también depende de la coordinación entre distintos niveles de gobierno, lo que en la práctica condiciona su operación a la disponibilidad de recursos y espacios locales.
“Es tripartita la inversión… el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado invierte en el equipamiento y los municipios nos apoyan con el espacio”, explicó.
Aunque la ampliación de la red apunta a una mayor cobertura, el esquema deja ver que la atención se centra en el primer acercamiento y en la canalización de casos, en un contexto donde la demanda por servicios especializados y seguimiento integral continúa siendo un tema pendiente en la atención a la violencia de género en la entidad.
