Fernanda Durán
El Congreso del Estado se colocó entre las primeras legislaturas del país en avalar la minuta de la reforma federal en materia electoral conocida como “plan B”, al aprobarla con 20 votos a favor y cuatro en contra, estos últimos de las bancadas del PRI y el PAN.
La votación se realizó luego de que la reforma fuera aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, en el marco del proceso del Constituyente Permanente que requiere la validación de los congresos estatales para su entrada en vigor.
Previo a su discusión en el Pleno, la minuta fue analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales apenas minutos antes de la sesión, donde se expusieron los alcances de una reforma que se centra en establecer límites al gasto público y en redefinir parámetros de austeridad para distintos niveles de gobierno.
Entre los cambios constitucionales destaca la incorporación de un tope al gasto de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal, así como la fijación de un máximo de 15 regidores por ayuntamiento. A ello se suma la prohibición de que autoridades electorales accedan a prestaciones como seguros privados, pensiones especiales o esquemas adicionales de compensación fuera de lo previsto en la ley.
La reforma también modifica la integración de los ayuntamientos al establecer un límite máximo de hasta 15 regidurías por municipio, además de mantener la obligación de cumplir con criterios de paridad de género en su conformación. Asimismo, incorpora disposiciones para que los ajustes en la estructura de los gobiernos municipales se reflejen en el uso del gasto público, sin modificar los mecanismos de elección de sus integrantes.
Durante la discusión en tribuna, legisladores de la mayoría defendieron la reforma como un mecanismo para corregir excesos históricos en el uso de recursos públicos.
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre (…) establecemos máximos y mínimos constitucionales para eliminar los privilegios y los excesos en la administración pública”, se expuso al presentar el dictamen.
En el caso de San Luis Potosí, se subrayó que el Congreso del Estado ya opera por debajo del límite presupuestal que ahora se incorpora a la Constitución federal, por lo que no se prevé un ajuste al alza.
“Este congreso se encuentra dentro de estos mínimos constitucionales y no se buscará de ninguna manera establecer un aumento”, se afirmó en tribuna. No obstante, el artículo Octavo Transitorio de dicha reforma ya lo ordena, al estar ya por debajo de ese límite, la ley les prohíbe expresamente autorizar incrementos reales o reasignaciones para sí mismos; solo pueden actualizar su gasto conforme a la inflación.
Tras el aval de la minuta, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, adelantó que el siguiente paso será construir una reforma electoral local que armonice los cambios federales con el marco jurídico estatal.
“Estaremos presentando una reforma para esto también que se añadirá a la presentada por el Ceepac, a la presentada por las observaciones constitucionales del Ejecutivo. El Ejecutivo anunció que también tiene una propuesta de reforma electoral”, señaló, al referir que ya existen propuestas que podrían integrarse en un solo dictamen.
El legislador también vinculó la rapidez en la aprobación con el respaldo electoral que obtuvo el proyecto federal en la entidad en 2024.
Sin embargo, el debate legislativo evidenció cuestionamientos de la oposición sobre el alcance real de la reforma. Desde el PAN, el diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que más allá del discurso de austeridad, la minuta no introduce cambios sustantivos en las reglas de competencia electoral.
A estas críticas se sumaron señalamientos sobre temas que quedaron fuera del dictamen, como el financiamiento ilícito en campañas, la sobrerrepresentación legislativa o la intervención de actores gubernamentales en los procesos electorales.
Desde la representación de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte justificó el voto a favor como una decisión política acompañada de reservas y que respaldar el dictamen no implicaba avalarlo en su totalidad, ya que la reforma corrigió algunos aspectos que consideraban problemáticos.
No obstante, advirtió que sigue siendo insuficiente, ya que se concentró en medidas de austeridad y dejó fuera una discusión más amplia sobre cómo mejorar el sistema electoral, por lo que insistieron en la necesidad de una reforma más profunda que ponga al ciudadano en el centro.
Pese a ello, la mayoría legislativa sostuvo que la reforma sí representa un avance en el ordenamiento del gasto público y en la definición de criterios de disciplina presupuestaria.
“Se trata de evitar estructuras costosas, poco eficientes y alejadas de la ciudadanía”, se argumentó desde la bancada de Morena.
Con la aprobación de la minuta, el Congreso local deberá ahora iniciar el proceso de armonización normativa dentro de los plazos establecidos, que contemplan ajustes a las legislaciones estatales antes del inicio del proceso electoral de 2027.
El propio Arreola Mallol indicó que existe margen para ello, al señalar que el calendario electoral permite realizar adecuaciones en los próximos meses con límite hasta mayo, siempre que no se modifiquen las reglas una vez iniciado formalmente el proceso.
