Estela Ambriz Delgado
La Alianza Mexicana contra el Fracking y 70 organizaciones más se pronunciaron en contra de lo que consideran es ya una afirmación del Gobierno Federal, de reactivar el uso de la fracturación hidráulica para explotación de gas no convencional.
Aseguran que la soberanía no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones.
Por medio de un comunicado, las organizaciones civiles dieron a conocer su postura ante el reciente anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que justifica el análisis nuevas tecnologías de fracking con bajo impacto ambiental, ante el incremento de importación de gas y para lo que se ha creado un comité científico.
Afirman que, en los hechos, se trata de un giro político que contradice el compromiso de la 4T asumido por la hoy presidenta, de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país. Además de que, desde la presentación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, la política energética de esta administración se ha articulado en torno al “mal llamado gas natural”.
Explican que el principal componente del gas fósil es el metano, que lejos de ser un combustible de transición, acelera la emergencia climática y obstaculiza el avance real hacia una transición energética. El gas fósil, igual que el petróleo y el carbón, es uno de los principales responsables del calentamiento del planeta, como lo han demostrado científicos e instancias internacionales como el IPCC.
Se subraya que explorar una versión “sustentable” de dicha técnica puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe. La evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo de la fracturación hidráulica ha sido compilada por científicos independientes y comprometidos de Estados Unidos desde hace 15 años.
Este grupo de científicos han organizado de forma rigurosa la evidencia científica en el Compendium of Scientific, Medical and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking and Associated Gas and Oil Infrastructure (Hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños de la fracturación hidráulica y la infraestructura asociada de gas y petróleo), que en su edición de 2023 reunió más de 2 mil 300 estudios científicos que muestran que los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento.
En este sentido, las organizaciones cuestionan si no sería más oportuno enfocar el trabajo científico mexicano en buscar soluciones para acabar con la dependencia a los combustibles fósiles, y en su lugar dar pasos decisivos y acelerados hacia la transición energética justa, libre de combustibles fósiles, en línea con los múltiples acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de cambio climático.
“El comité de personas científicas y expertas que plantea la presidenta debería responder a las necesidades de pueblo de forma independiente, y el pueblo lo ha manifestado claramente: ¡No necesitamos fracking, necesitamos igualdad, justicia energética y climática!”.
En relación a uno de los temas centrales en el análisis del supuesto “fracking sustentable”, que es el uso de agua, en La Mañanera se mencionó la posibilidad del uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar.
Sin embargo, Alianza Mexicana contra el Fracking puntualiza que para este fin se necesitarían construir plantas de tratamiento para la remoción de sólidos, materia orgánica y sales. Si bien el uso de agua residual tratada ha sido probado en diferentes zonas de Estados Unidos, no se ha vuelto una práctica común debido a sus elevados costos.
El tratamiento se basa en sistemas que requieren una inversión inicial considerable de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación. Además de los altos costos operativos de las plantas, debido al alto consumo energético necesario para tratar agua de alta salinidad.
Se menciona como ejemplo que tratar un solo barril de agua producida mediante evaporación puede costar entre tres y seis dólares, por lo que se ponen en duda que Pemex asuma estos costos, dada su ya elevada deuda.
Las organizaciones también consideran que la soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México, pues aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en el subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil.
Apuntan a que, como señaló la presidenta, el sector que más consume gas fósil en México es el industrial, en su mayoría industria manufacturera integrada por capitales transnacionales que, además de explotar la mano de obra nacional, explotan y contaminan el agua, suelos y aire, dejando una larga estela de pasivos ambientales, impactos sociales y a la salud en los territorios donde se instalan.
“Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar el modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria (…) por sí solo Pemex tendría complicaciones para afrontar el desarrollo de los ambiciosos proyectos de producción de gas fósil, por lo tanto, tendría que recurrir a la iniciativa privada, que sin duda ya está afilando sus estrategias para ofrecer sus servicios”.
De igual forma, aseguran que para los territorios que ya han sido sacrificados y sufren los impactos de la industria petrolera, no hay forma —mucho menos científica— de demostrar que la industria del gas y el petróleo es sustentable y no genera impactos negativos en el ambiente y la salud de los pueblos y todas las personas.
Como ejemplo de ello se menciona el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México durante el mes de marzo, del que comunidades costeras enfrentan los impactos, sin que Pemex ni el gobierno se hayan hecho responsables. Esto afectó a los ecosistemas y fauna marina, así como la vida y formas comunitarias indígenas que tienen una profunda relación con el mar y sus lagunas.
Asimismo, las y los habitantes de Las Choapas, Veracruz, que sufrieron la explosión del pozo exploratorio Krem-1, y después de un mes continúan respirando el gas fósil del incendio que sigue sin ser controlado por Pemex.
Por ello, se concluye que ir por la ruta de más pozos de gas fósil, convencionales o no convencionales, significa una sentencia de muerte para comunidades indígenas y campesinas. Sumado a que esto iría en contra de diversas posturas internacionales en materia de cambio climático como la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además de que señalan que el país sería omiso a sus obligaciones en materia de derechos humanos, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
