Desiree Madrid
En menos de 48 horas, el Gobierno del Estado enfrentó tres frentes de presión simultáneos: la movilización del gremio taxista que exige la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la protesta de maestros de telesecundaria por adeudos fiscales que atribuyen a omisiones de la propia administración estatal, y la exigencia de organizaciones indígenas de que San Luis Potosí sea declarado territorio libre de fracking.
La respuesta del ejecutivo estatal a los tres casos fue uniforme: diálogo
“Vamos a ir sobre el diálogo, creo que el diálogo es lo más importante”, declaró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al ser cuestionado sobre la protesta transportista, en una frase que sintetiza la postura que el gobierno adoptó ante la acumulación de conflictos del martes 28 de abril.
El detonante más visible del día fue la movilización de la organización Taxistas Moviendo a San Luis, que agrupa a más de 13 mil operadores, la cual se concentró desde temprana hora frente al asta bandera de Salvador Nava para exigir la destitución de Araceli Martínez Acosta, titular de la SCT, a quien acusan de omisiones y presuntas irregularidades en el desempeño de su cargo.
Entre las acusaciones, la apoderada legal del gremio señaló presuntos cobros indebidos en trámites y una política permisiva frente a plataformas digitales de transporte que, según los inconformes, operan fuera del marco normativo.
Los taxistas fijaron un plazo hasta el viernes para que el gobierno resuelva sus demandas, advirtiendo que de no obtener respuesta bloquearán dependencias estatales. La funcionaria señalada, por su parte, no anunció su renuncia.
El conflicto con el gremio taxista no surgió el martes. En marzo pasado, un grupo de operadores ya se había manifestado en la Plaza de los Fundadores para exigir acciones contra lo que consideran competencia irregular de conductores de plataformas digitales, en una protesta donde retuvieron momentáneamente a algunos conductores de aplicación y corearon “corruptos, corruptos” ante la presencia de personal de la SCT.
En aquella ocasión, la propia titular de la dependencia calificó las acciones como “un acto ilegal de las minorías” y exploró la posibilidad de sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesiones, aunque también reconoció que los servicios por aplicación “no pagan ningún impuesto al Estado”. La tensión entre ambos sectores, lejos de resolverse, escaló hasta la exigencia de remoción de la funcionaria.
De manera paralela, desde el lunes 27 de abril otro sector se movilizó en distintos puntos del estado. Maestros y maestras de telesecundaria iniciaron protestas en sedes del SAT en San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala, así como en oficinas educativas estatales, para exigir soluciones ante adeudos fiscales surgidos tras la declaración anual.
El punto central del conflicto apunta directamente al gobierno estatal: de acuerdo con un comunicado difundido entre el gremio, la inconformidad surge por presuntas irregularidades en el manejo de nóminas desde 2021, en las que la administración habría omitido timbrar los pagos con el propósito de no reportar a la Federación los impuestos correspondientes que, sin embargo, siempre retuvo de los salarios de los docentes. Los montos individuales que el SAT cobra a los maestros van, según los propios afectados, desde los 25 mil hasta cerca de 200 mil pesos por persona.
Ante esta protesta, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, instaló una mesa de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Educación.
“En este momento atendemos una mesa de diálogo, que es como resolvemos los problemas nosotros”, declaró el funcionario, además de informar que participa personal de su oficina, de la Subsecretaría de Gobernación y el propio secretario de Educación.
Sin embargo, Torres Sánchez reconoció los límites de lo que el estado puede resolver en este caso.
“Es una decisión que tiene que hacer justamente la oficina encargada de la recaudación de este tipo de impuestos y que es federal”, dijo al ser cuestionado sobre si sería posible ampliar los plazos para la declaración fiscal.
Lo que ofreció fue intermediación: “En caso de que haya necesidad de aclarar o hacer una petición formal de algún plazo adicional, bueno, pues hacerlo”, además de descartar la confrontación debido a que “no hay mala fe de ninguno de los involucrados”.
El tercer flanco abierto esta semana involucra a organizaciones indígenas y ambientales que exigen una postura jurídica concreta del gobierno estatal frente al fracking. Representantes tének y nahua, así como integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, solicitaron al gobernador que el estado sea declarado territorio libre de fractura hidráulica, ante los posibles impactos ambientales y sociales de esa técnica extractiva, particularmente en regiones como la Huasteca Potosina.
La respuesta de Ricardo Gallardo Cardona fue que San Luis “todavía no está listo” para el fracking y que se apoyará a las organizaciones para hacer foros de discusión, pero sin anunciar ninguna medida normativa que prohíba la práctica formalmente.
Las organizaciones señalaron que la postura resulta insuficiente si no se traduce en un decreto vinculante, dado que descartar proyectos sin respaldo legal deja abierta la puerta a desarrollos futuros.
Lo que une a los tres casos es precisamente la ausencia de resoluciones concretas y la apuesta por la interlocución como mecanismo de contención. En el caso taxista, el gobernador fue el más explícito en trazar un límite a esa lógica.
“Eso es lo único que queda por parte de nosotros, ya si no se llega a un entendimiento, un acuerdo, ya se tomarán otras medidas”.
La declaración, con todo su carácter ambiguo, es la más cercana a una advertencia que el gobierno emitió en el día. Qué tipo de medidas se aplicarían, y contra quiénes, no fue precisado por el mandatario ni por ningún funcionario.
El escenario de los maestros de telesecundaria es, en términos técnicos, el más complejo de los tres, porque la resolución no depende del gobierno estatal sino de una autoridad federal.
Si la denuncia del gremio es correcta —que el propio gobierno retuvo impuestos sin enterarlos al SAT desde 2021—, el problema de fondo no es un malentendido administrativo sino una falla sistemática que afecta a más de 3 mil 800 docentes, según cifras de los propios manifestantes.
Aunque los docentes refieren que sus salarios fueron pagados íntegramente y que en sus recibos aparece el descuento correspondiente de impuestos, el SAT les notificó la obligación de presentarse a cubrir esos montos, sin que les haya quedado claro de qué manera se timbraron sus nóminas ante la autoridad hacendaria.
La acumulación de conflictos en una sola jornada expone una característica recurrente en la gestión estatal: el uso del diálogo como respuesta inicial a presiones de distinta naturaleza, sin que ello implique necesariamente un compromiso de resultado en plazos definidos.
En el caso del fracking, la demanda lleva semanas acumulándose sin que el gobierno se pronuncie sobre una legislación. Con el gremio taxista, los antecedentes de marchas previas y sanciones anunciadas no se tradujeron en acuerdos duraderos. Y con los maestros, la solución requiere de una coordinación con la federación que el propio secretario de Gobierno admitió que escapa al ámbito estatal.
