Fernanda Durán
El diputado Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, advirtió que la inteligencia artificial (IA) representa uno de los principales desafíos para la regulación electoral rumbo a 2027, debido a la dificultad para identificar responsables y sancionar su uso indebido en campañas.
En entrevista, el legislador señaló que aunque el uso de estas tecnologías ya comenzó a observarse en el proceso electoral de 2024, su impacto será mayor en los próximos comicios.
“La inteligencia artificial es algo nuevo. En el 2024 apenas se vieron algunos indicios del uso de inteligencia artificial y para el 27 creo que esto ya va a potencializarse”.
Sin embargo, explicó que ni la reciente reforma electoral federal, conocida como Plan B, ni el marco normativo actual contemplan mecanismos claros para regular estos contenidos, particularmente aquellos que simulan declaraciones o acciones de actores políticos.
Guajardo Barrera advirtió que incluso si se incorpora en la legislación local, el principal obstáculo será la aplicación de la norma, ya que los procedimientos electorales exigen identificar con precisión a los responsables.
“Para poder tú alegar el mal uso de inteligencia artificial tendrías que señalar a alguna persona”.
No obstante, reconoció que en la práctica esto resulta complejo, debido a la proliferación de cuentas anónimas y contenidos que se eliminan rápidamente.
“Hay muchas páginas que suben, las bajan, que no tienen realmente una personalidad y eso es lo complicado, sino realmente ver en el tiempo, modo y lugar de que se está haciendo mal uso y quién. Entonces es complejo, no va a ser fácil”.
El legislador añadió que el problema no solo radica en legislar, sino en la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar estos casos.
“¿De qué sirve si está en la ley? Si luego para perseguir el delito, ya sea en materia penal electoral o sea una responsabilidad administrativa electoral, las autoridades, en este caso el Ceepac o la Fiscalía General del Estado no van a poder perseguir a quién o probar a quién”.
En ese sentido, consideró que la discusión debe abordarse tanto a nivel federal como local, aunque su implementación enfrenta limitaciones técnicas y jurídicas.
Más allá del tema de la inteligencia artificial, Guajardo Barrera también se refirió a los retos estructurales del sistema electoral mexicano, al señalar problemáticas que, a su juicio, no fueron atendidas en la reforma federal.
“Hay grandes problemas en la democracia mexicana: el dinero mal habido en las campañas electorales, la sobrerrepresentación, entre otras problemáticas que no se quisieron ni siquiera poner a debate”.
Respecto a la armonización de la reforma electoral en San Luis Potosí, indicó que el Congreso deberá analizar los ajustes necesarios tras la aprobación del Plan B, aunque anticipó que los cambios serán limitados.
Añadió que los trabajos legislativos deberán concretarse antes del inicio del proceso electoral, previsto hacia finales de este año.
“Son tres meses antes, yo creo que para junio ya debe estar. Esperemos que saquemos un buen proyecto de ley para que San Luis Potosí esté a la vanguardia y que las reglas sean clara”.
Asimismo, adelantó que en la discusión local se contemplarán temas como acciones afirmativas para grupos indígenas y mujeres, la equidad en los procesos electorales y la posible modificación de la fecha de inicio del proceso electoral que podría ser para el mes de noviembre según la reforma vetada por el ejecutivo.
