María Ruiz
Víctor Hernández, integrante del colectivo Pedaleando SLP y quien participó con anterioridad en las mesas de trabajo interinstitucional sobre el Plan Maestro de la Red de Movilidad Ciclista de San Luis Potosí, señaló que el proyecto se encuentra en una situación de “parálisis absoluta”, principalmente por la falta de recursos asignados.
En entrevista, Hernández explicó que, aunque el plan fue presentado en noviembre de 2024 con gran difusión, el Presupuesto de Egresos 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí confirma que no existe intención de ejecutarlo.
“La partida para infraestructura ciclista es inexistente y esta omisión presupuestal anula cualquier posibilidad de obra pública para este año”, afirmó.
Desde la perspectiva del colectivo, esta situación responde a un problema de prioridades en la gestión municipal. Hernández contrastó la rapidez del Ayuntamiento para generar recursos cuando se trata de infraestructura orientada al automóvil, frente a la falta de acción en materia de movilidad activa.
“Esa misma eficacia desaparece cuando se trata de proyectos ciclistas”, sostuvo.
El activista también criticó que, sin recursos etiquetados, las reuniones entre dependencias para revisar avances se vuelven “ejercicios de simulación”, ya que no hay condiciones reales para ejecutar el plan.
En cuanto al Reglamento de Tránsito, Hernández indicó que el proceso se encuentra estancado debido a deficiencias técnicas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
Recordó que en 2025 se estableció el compromiso de presentar una propuesta armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y las normas oficiales mexicanas; sin embargo, el documento entregado “carecía de rigor técnico” y no garantizaba la protección de las personas en la vía. Ante esta situación, el colectivo decidió retirarse de las mesas de trabajo.
“No íbamos a validar una normativa que nace obsoleta e incompleta”, explicó.
Como alternativa, Pedaleando SLP ha optado por dialogar directamente con integrantes del cabildo, buscando que sea en ese espacio donde se garantice la revisión técnica del reglamento y su alineación con la legislación vigente.
Finalmente, Hernández consideró que el retraso tanto en infraestructura como en normativa no se debe a la falta de diagnósticos o planes, sino a una resistencia política para redistribuir el presupuesto y el espacio público.
“Se sigue apostando por un modelo de ciudad que ya no es funcional y que ignora la jerarquía de movilidad que la ley exige respetar”.
