Fernanda Durán
Durante el foro “Reflexiones: Iniciativa para construir espacios seguros y libres de violencia en ámbitos educativos y comunitarios”, realizado este viernes en el Congreso del Estado, colectivas denunciaron que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) desestimó el diagnóstico que sustenta su propuesta de reforma en materia de prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes.
El encuentro reunió a legisladores, representantes institucionales y organizaciones civiles como Apoyare A.C. y Shakti, quienes plantearon la creación de unidades especializadas en escuelas de educación básica para prevenir, detectar y atender casos de violencia de manera temprana.
Durante las entrevistas posteriores, las activistas defendieron el proceso con el que se elaboró el diagnóstico, luego de que desde la SEGE se planteara que no se contaba con permisos para su realización. Mariana Juárez Moreno, integrante de Apoyare, sostuvo que el estudio fue desarrollado con respaldo institucional y metodológico.
“Es muy importante saber que la investigación cuenta con un rigor científico, se firmaron los consentimientos de padres y madres de familia para otorgar el permiso de que se aplicaran los cuestionarios, entonces no fue un diagnóstico improvisado”, afirmó.
Añadió que los permisos “se tramitaron hace más de seis años” ante autoridades educativas, previo a la actual administración.
El diagnóstico expuesto por las colectivas documenta la persistencia de violencias en distintos entornos, particularmente en el ámbito escolar. De acuerdo con Claudia Cuéllar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, los datos recabados reflejan una problemática sostenida en el estado.
“Estamos hablando de más de 10 mil carpetas de investigación en los últimos cinco años; si ustedes lo dividen, son cinco denuncias diarias”, explicó, al referirse a delitos contra niñas y niños en San Luis Potosí, además de que solo el 3.5 por ciento de estos casos se judicializa.
Cuéllar Ochoa señaló que a partir de solicitudes de información también se identificaron limitaciones en la disponibilidad de datos por parte de instituciones, lo que complica el análisis integral del problema, por lo que las acciones actuales no han sido suficientes para atender la magnitud de la violencia.
La iniciativa presentada el 4 de diciembre de 2025 propone reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Ley de Educación, con el objetivo de establecer unidades dentro de las escuelas que permitan identificar señales de violencia, brindar atención inicial y canalizar casos a las instancias correspondientes.
Sin embargo, a varios meses de su presentación, la propuesta continúa sin dictaminarse en comisiones legislativas. De acuerdo con las promoventes, algunas opiniones técnicas emitidas por instancias como la SEGE, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han señalado que la iniciativa no sería viable, al considerar que estas funciones ya se desarrollan mediante comités escolares.
Ante ello, las colectivas señalaron que, en la práctica, estos mecanismos no siempre se traducen en acciones efectivas.
“En algunos comités únicamente se firma el papel de forma el comité, pero no se están haciendo acciones”, indicó Juárez Moreno, quien añadió que las medidas actuales suelen centrarse en temas de seguridad sin atender de fondo las violencias.
Por su parte, la diputada Gabriela López Torres señaló que estas mesas de trabajo buscan construir propuestas de manera coordinada entre instituciones y sociedad civil.
“Apostamos al trabajo coordinado entre las diferentes instituciones del estado y el Poder Legislativo que abonen a la protección de las infancias y los diferentes entornos, familiares, escolares, y maestros y maestras desde los entornos laborales, porque vemos que pueden conocer de las violencias, pero existe una reserva a denunciar porque no se sienten seguros o protegidos para hacerlo, y vamos a seguir trabajando para hacer una retroalimentación con todos ellos”.
Las colectivas indicaron que continuarán trabajando en ajustes a su iniciativa, con base en las observaciones recibidas, y no descartaron volver a presentarla en caso de no avanzar en el proceso legislativo.
“No vamos a quitar el dedo del renglón y vamos a continuar trabajando en pro de las niñezas potosinas”, concluyó Juárez Moreno.
