Estela Ambriz Delgado
El Colegio de San Luis (Colsan) llevó a cabo la sesión “Pueblos Indígenas y Agua: prohibir el fracking, proteger la vida”, en el que Cenorina Bernal Férnandez y Rafael Reyes Martínez, ambos integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, compartieron diversos aspectos del trabajo de organización comunitaria que se realiza para defender sus territorios y de su sistema de autogobierno.
Como parte del seminario internacional La agenda social del agua: (In) Justicia Hídrica y Territorialidades y Alternativas, tuvo lugar la tercera sesión, en la que se abordó el tema de la fracturación hidráulica desde la perspectiva de las comunidades indígenas.
El investigador Luis Enrique Granados inició con una introducción, sobre lo que es la técnica de fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos, así como el contexto actual que ha encendido las alarmas en la Huasteca Potosina, tras la publicación del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
Posteriormente, Bernal Fernández, del ejido San Pedro en el municipio de San Antonio, se presentó en su lengua materna y mencionó sus cargos como representante de tének de Ébano, Tamuín, San Vicente, Tanquián, San Antonio, Tanlajás, ante el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), consejera nacional ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Respecto a la organización comunitaria, indicó que se ha dado la información sobre los impactos que el fracking tendría en los territorios en asambleas y que se logró frenar en 2016. Sin embargo, nuevamente se percibe esta amenaza dadas las asignaciones Castaña y Maguey en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
Destacó que la comunidad de San Antonio se encuentra alerta, pues en el listado de dichas asignaciones aparecen cuatro pozos, por lo que empezaron con la organización del primer foro regional “No al Fracking”, convocando a comunidades cercanas de Tanlajás, Tanquián y Tampamolón.
Detalló que en ese dictamen técnico de Castaña se enlistan varios pozos ubicados en Coxcatlán, Tampamolón, San Antonio, Tanlajás, Tancanhuitz, y Ébano, por lo que en estas reuniones regionales han tomado acuerdos y conformado un plan de acción, al que se dará seguimiento para defensa del territorio.
Reyes Martínez, también consejero nacional ante el INPI, y representante ante INDEPI, indicó que hablar la comunidad se compone del territorio, la población, la organización, sus sistemas normativos, su historia e identidad.
Afirmó que antes de la conformación del estado ya eran un gobierno auténtico, pues sus formas de elegir a sus autoridades comunitarias son más legales que el proceso electoral, que condiciona el voto aprovechando las necesidades de las personas.
También hizo mención de los distintos cargos que hay en las comunidades y que, de acuerdo con el régimen, ya sea bienes comunales o ejidales, cuentan con dos grandes asambleas: la de ejidatarios o comuneros, donde se decide la elección de sus autoridades agrarias; y la asamblea general comunitaria, en la que participan todos y donde se deciden otros cargos, como juez auxiliar y delegados municipales.
Mostró un organigrama de la comunidad de Tampate, de acuerdo con la jerarquía del orden de gobierno intercomunitario y en el que existen cargos en materia de agua, educación, salud, obras, entre otros, por lo que conjugan un gran órgano de gobierno.
“Muchas personas ignoran cómo estamos constituidos y por eso les da miedo que nos autogobernemos, cuando siempre ha sido así, con la diferencia de que no contamos con presupuesto. Sin embargo, esta organización es la que ha logrado que las comunidades indígenas subsistamos (…) esto es la base principal para entender porqué nuestra lucha social es decir que no al fracking”.
Reconstitución y fortalecimiento de la organización
En el mismo sentido, el consejero reiteró que las comunidades se encuentran en un proceso de reconstitución y fortalecimiento de su organización interna comunitaria, para lo que constituyeron el Consejo Indígena Comunitario, así como la Asociación de Comunidades Indígenas para el Ejercicio de la Libre Determinación y la Autonomía, a nivel municipal y regional, coordinada esta por Cenorina Bernal.
Asimismo, refirió que se han llevado a cabo foros regionales en Axtla, San Antonio, San José de Pequtzén, entre otros, además de que existe comunicación y coordinación con las comunidades de Veracruz e Hidalgo, e inclusive se ha atestiguado el impacto que algunas de estas ya sufren por la extracción de hidrocarburos.
Reyes Martínez mencionó un ejemplo de ello y que conoció en un encuentro nacional en Papantla, Veracruz, en las comunidades de la etnia totonacú. Visitaron el pozo artesanal de uno de los afectados y pudieron constatar que ya no da agua, sólo crudo.
“No somos ignorantes, hemos visto las consecuencias, y porqué lo prohíben en otros países”.
En la ronda de preguntas, Cenorina Bernal puntualizó que en definitiva tendrían más protección frente a este tipo de amenazas con su autogobierno, que les garantiza el respeto de las decisiones de la asamblea. Dentro de sus sistemas normativos, todas las decisiones que toman en las asambleas son legítimas.
Explicó que, al ser representantes de sus comunidades, han podido obtener su respaldo. Les presentaron la información sobre la técnica y los proyectos existentes, se les pregunta qué decisión quieren tomar, les detallan las consecuencias, y se les pide su respaldo para convocar a reuniones regionales.
“Se toman las decisiones en la comunidad y vamos enlazando a otras (…) primero que la asamblea decida y ellos nos digan a quien vamos a invitar, para que nos refuerce con información para darle seguimiento a las acciones, se les toma en cuenta como comunidad”.
El investigador Luis Enrique Granados correlacionó este procedimiento que realizan las comunidades con el hecho de que no se les haya hecho una consulta previa, pues se evidencia que cuando la organización viene “desde abajo”, sin pretender llegar a imponer, lo primero que se hace es tomar en cuenta la opinión de la mayoría, lo que impide que se hagan consultas a modo.
Respecto a la posibilidad de acercarse al comité científico anunciado por el Gobierno Federal, Rafael Reyes dijo que valdría la pena que las comunidades y el pueblo proponga su comité, que tenga expertos en el tema del fracking que hayan trabajado el tema, o ingenieros en pozos petroleros, debido al riesgo de contaminación de los mantos acuíferos.
Ambos consejeros cerraron su participación invitando a la población de San Luis Potosí y otros estados a unirse a esta lucha “para la vida y para defender a nuestra casa común, porque lo que hoy hagamos será en beneficio de nuestras futuras generaciones”.
