Por Victoriano Martínez
“Todo se originó con el actual VERDE gobierno estatal pues omitió, desde 2021, timbrar las nóminas de nuestros pagos con el evidente propósito de no reportar a la Federación los impuestos correspondientes que, sin embargo, siempre RETUVO”, explica el comunicado que circuló en redes para convocar a la protesta de maestros de telesecundaria.
Al acudir a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, los maestros de telesecundaria buscan resolver al problema que les provocó la omisión por parte del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y que ya tienen encima: cumplir con la obligación de Declaración Anua de Impuestos que no tenían.
Presentaron dos alternativas. La primera consiste en cuatro puntos:
“1) Ampliación del plazo para la Presentación de la Declaración Anual y su respectivo pago, para que no venza el 30 de Abril, sino hasta el 31 de Julio.
“2) Asignación de fechas inmediatas en CITAS del SAT para docentes que aún no cuentan con EFIRMA ni contraseña.
“3) Otorgamiento del estímulo fiscal del cual ya gozan los docentes federales de Telesecundarias en nuestro mismo estado.
“4) Revisión y autorización para no considerar como BASE GRAVABLE varios de los conceptos de nuestras nóminas”.
La otra alternativa, que presentan como número 5 es “que el SAT considere como base gravable únicamente los conceptos 07 de Salario, con lo cual estaríamos abajo de los 400,000 pesos anuales de ingresos y ya quedaríamos LIBRES de este actual procedimiento”.
“Si bien es cierto que ni el SAT ni el Gobierno Federal son culpables ni responsables de la actual crítica situación de nosotros, es cierto también que el SAT sí tiene la SOLUCIÓN”, reconocen en su comunicado.
Un hecho es que los maestros de telesecundaria hoy son víctimas de una práctica que resulta recurrente en los gobiernos de la gallardía.
“El municipio no realizó el entero del impuesto Sobre la Renta (ISR) del 2016 por 101,748.7 miles de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ni acreditó el registro contable del impuesto determinado con las actualizaciones y recargos correspondiente a la fecha de la auditoria”, le observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al ayuntamiento de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo Juárez como alcalde.
La ASF promovió ante el SAT una auditoría, además de que determinó que hubo “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 101,748,720.83 (ciento un millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 83/100 M.N.)”.
“Se verifico que el Municipio no dio cumplimiento con el requisito de timbrar la nómina ante el Servicio de Administración Tributaria por cada trabajador, contraviniendo los artículos 99 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 del Código Fiscal Federal y regla 1.2.7.5.3, de la Resolución Miscelánea para el ejercicio fiscal 2014”.
Así quedó descrita una falta similar en el informe de auditoría a la Cuenta Pública 2014 del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, cuando Gallardo Cardona era el alcalde. En el pliego de observaciones administrativas se describe el incumplimiento durante los 12 meses del año.
Hace doce años, la nómina del Ayuntamiento de Soledad de Graciano era ínfima, comparada con la que tiene el gobierno del Estado en la actualidad. ¿Serán los maestros de telesecundaria las únicas víctimas de esa omisión tributaria?
