Desiree Madrid
Maestras y maestros de telesecundaria en San Luis Potosí iniciaron movilizaciones este lunes 27 de abril en distintos puntos del estado para exigir soluciones ante los adeudos fiscales que enfrentan tras la declaración anual.
La protesta, convocada por la propia base trabajadora, se concentra principalmente en las sedes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehuala, además de oficinas educativas estatales.
De acuerdo con un comunicado difundido entre el gremio, la inconformidad surge por presuntas irregularidades en el manejo de sus nóminas desde 2021.
En el documento, los docentes aseguran que el gobierno estatal “omitió, desde 2021, timbrar las nóminas de nuestros pagos con el evidente propósito de no reportar a la Federación los impuestos correspondientes que, sin embargo, siempre retuvo”.
Los maestros advierten que esta omisión habría generado un impacto millonario. “Muy probablemente esa retención no entregada a Hacienda esté en alrededor de mil millones de pesos”, señalan, al tiempo que responsabilizan también a la dirigencia sindical por no informar oportunamente sobre la situación fiscal que enfrentaban.
La falta de timbrado de nómina, explican, provocó que muchos docentes no supieran que estaban obligados a presentar declaración anual.
“El no timbrar nuestras nóminas provocó que, aunque ya nuestros ingresos anuales rebasaran los 400 mil pesos, nunca nos diéramos cuenta de esa situación”, indican, lo que derivó en adeudos acumulados que ahora aparecen en el portal del SAT.
Según el pronunciamiento, los montos a pagar van desde los 25 mil hasta cerca de 200 mil pesos por persona. Los inconformes sostienen que estas cantidades “no se originaron por errores o por inconsistencias del SAT ni del Gobierno Federal”, sino por la retención de impuestos durante años sin ser reportados correctamente.
En entrevista, uno de los docentes inconformes explicó que la molestia radica en la falta de claridad por parte del patrón.
“Nosotros no tenemos la necesidad de estar pagando este impuesto cuando tenemos un patrón que tiene que responder por nosotros directamente”, afirmó.
Añadió que los cobros surgieron de manera repentina: “Esto hace ocho días para acá… hay maestros que son desde 40 mil pesos hasta 150 mil pesos que hay que pagar… entonces no es justo”.
El profesor también subrayó que no se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero exigen información precisa.
“Nosotros no negamos, lo que queremos es que a través del patrón nos emita una constancia de retención de impuestos para verificar qué tanto adeudamos”, señaló.
Asimismo, cuestionó que se incluyan bonos en la base gravable: “Los bonos no se deben de gravar por ley, nada más lo que se nos puede gravar es el 07, el sueldo base”.
Entre las principales demandas del movimiento está la ampliación del plazo para la declaración anual hasta el 31 de julio, la asignación urgente de citas para tramitar e.firma y contraseñas, así como la revisión de los conceptos que integran la base gravable. También plantean que, en su caso, se considere únicamente el salario base para efectos fiscales.
Los docentes advierten que enfrentan el vencimiento del plazo fiscal el próximo 30 de abril sin contar con los recursos necesarios.
“No tenemos los medios… no tenemos ni firmas electrónicas ni claves para poder ingresar”, expresaron, al señalar que los tiempos otorgados son insuficientes para cumplir con los requerimientos.
En la capital potosina, además de las sedes del SAT, también se registran manifestaciones en instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). Mientras tanto, en Ciudad Valles, desde temprana hora docentes se concentraron en oficinas de la URSEHN como parte de la jornada de protesta.
El movimiento, que según los propios participantes agrupa a más de 3 mil 800 docentes en el estado, se mantiene activo este lunes bajo la exigencia de soluciones inmediatas.
“Los tiempos se están acabando, de lo contrario nos van a cobrar intereses”, advirtieron, al reiterar el llamado a la unidad del gremio para enfrentar lo que consideran una crisis económica derivada de omisiones institucionales.
