Desiree Madrid
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), Araceli Martínez Acosta, descartó renunciar al cargo pese a las exigencias de un grupo de taxistas inconformes, y dejó la decisión en manos del Ejecutivo estatal.
En una entrevista radiofónica, la funcionaria habló de las presiones para que deje el cargo y afirmó que esa decisión recae en el ejecutivo:
“La determinación de mi salida es del señor gobernador. Desde el primer día en que llegué, estoy lista para retirarme en cuanto él lo indique”.
La presión provino de la organización Taxistas Moviendo a San Luis, que asegura representar a más de 13 mil operadores del estado y denunció una cadena de omisiones, presuntos cobros indebidos y una política permisiva frente a las plataformas digitales de transporte, a las que acusan de operar fuera de la norma.
En rueda de prensa, los manifestantes también señalaron a la titular por presuntos actos de corrupción, amenazas e intimidación hacia operadores del sector, además de cobros que consideran excesivos en trámites obligatorios.
Frente a las acusaciones de corrupción, la titular de la SCT fue directa al señalar que, si existen pruebas, los taxistas deben presentarlas ante las autoridades competentes y asegurando que no tiene señalamientos formales en su contra por parte de integrantes del transporte en ninguna modalidad.
La funcionaria sostuvo que existen mecanismos internos de supervisión y coordinación con la Contraloría General del Estado para vigilar el actuar de cada área, y que las acusaciones sin evidencia responden a un clima de confrontación que debe evitarse.
Respecto a la demanda de retirar las plataformas digitales de transporte, la secretaria cerró toda posibilidad, bajo el argumento de que la dependencia no cuenta con facultades para detener unidades o retirar vehículos en la vía pública, por lo que la ruta es el ordenamiento legal del servicio, no acciones fuera del marco normativo.
Agregó que se trata de un modelo consolidado a nivel global, sin viabilidad de revertirse dentro del marco jurídico vigente.
En cuanto a la representatividad del movimiento, rechazó que los manifestantes expresen la voz del gremio, pues la mayoría de los transportistas en el estado continúan trabajando.
Asimismo, señaló que el conflicto ha escalado hacia un plano personal, con actos de hostigamiento y violencia en su contra, por lo que no descartó emprender acciones legales.
Ante el pliego petitorio difundido en redes sociales, la secretaria afirmó que existen los conductos legales para que la autoridad competente determine si se ha incurrido en las conductas denunciadas.
Añadió que los aumentos de costos que el gremio atribuye a la SCT corresponden en realidad a la Secretaría de Finanzas, y que se mantiene abierta al diálogo para buscar acuerdos.
La organización advirtió que continuará con acciones sociales, políticas y jurídicas en caso de no atenderse sus demandas. El conflicto permanece sin una resolución concreta a la vista.
