Estela Ambriz Delgado
Aunque el diputado local de Morena, José Roberto García Castillo, afirmó que la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) opera en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, la realidad es que desde el 20 de abril el personal supuestamente desempeña sus funciones vía remota.
De acuerdo al oficio ORSLP/2026/OF/088 del 16 de abril del presente año, firmado por el titular de la representación Mario Alberto Godoy Ramos, se notificó al personal que se ha determinado desocupar el inmueble donde operaban.
Explica que esto es debido a situaciones ajenas al instituto, así como de la imposibilidad de contar hasta el momento con un inmueble que cumpla con los requisitos establecidos para el arrendamiento de oficinas del gobierno federal.
En virtud de lo señalado, les indica que a partir del lunes 20 de abril desempeñarán sus funciones en modalidad remota, “atendiendo de manera puntual todos los asuntos correspondientes, en apego a los horarios laborales establecidos y manteniéndose disponible a través de los correos electrónicos institucionales y números de contacto de cada área”.
El oficio establece que la medida será de carácter temporal, en tanto se cuente con un inmueble idóneo que cumpla con los requisitos normativos aplicables.
Sin embargo, el día de ayer el legislador sostuvo que la dependencia sí opera en el estado, desde instalaciones compartidas en la Secretaría de Bienestar como medida de austeridad, y que la ciudadanía puede acudir a dichas oficinas para recibir servicios.
Al respecto de dichas declaraciones, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), consideró que es preocupante la forma en que se pretende justificar la ausencia de las oficinas de la representación estatal en el tema de la austeridad.
“El legislador cae en imprecisiones que parecen buscar encubrir una negligencia administrativa, cuando el propio Órgano Interno de Control del INPI ha tenido que iniciar investigaciones sobre esta ausencia. El directorio oficial del Instituto no refleja dicho cambio de domicilio y la ciudadanía no tiene canales claros de contacto”.
En este sentido, el activista apuntó a que, más que austeridad, lo que se percibe es una falta de gestión presupuestal para contratos y rentas que Godoy Ramos tendría que explicar. No obstante, incumple con la transparencia al no hacerlo en tiempo y forma.
En cuanto a lo expresado por el diputado de Morena sobre el desempeño del representante de INPI, Cisneros Sánchez dijo que, más allá de actuar como “vocero” de una dependencia federal, debería atender la agenda que sí le compete.
De igual forma, mencionó que el Congreso del Estado se encuentra en omisión legislativa al no armonizar las leyes locales con la reforma al artículo 2 federal, de acuerdo con el JDC/04/2026. Además de la postergación de la consulta, a pesar del derecho de las comunidades a elegir a sus autoridades mediante sistemas normativos internos.
“El diputado tendría la obligación de desbaratar el falso argumento del ‘tope presupuestal’ que se les impone a las consultas indígenas. Es un insulto a la inteligencia del pueblo potosino argumentar que no hay recursos para realizar las consultas indígenas obligadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con un presupuesto legislativo superior a los 326 millones de pesos, donde cada diputado nos cuesta más de 12 millones anuales”.
El integrante del OIM señaló que tampoco se puede omitir que el silencio de García Castillo es revelador ante posturas que califican a los sistemas normativos internos como un “riesgo” para la democracia. Por ello, le recordó al diputado que la Constitución reconoce a México como una nación pluricultural, y que la autonomía indígena no debilita la democracia, la enriquece.
