Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunciaron que la representación estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) es prácticamente una simulación, pues sus oficinas son inexistentes y se desconoce en donde se encuentre el personal y su titular, Mario Alberto Godoy Ramos, por lo que se inició un procedimiento administrativo ante el Órgano Interno de Control.
Juan Felipe Cisneros Sánchez y Rafael Reyes Martínez, integrante también del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, informaron sobre diversas situaciones irregulares de dicha representación, así como las acciones que se han tomado desde el OIM para denunciar el vacío institucional y falta de atención a las comunidades del estado.
En primer lugar, señalan que la dirección que aparece en la página oficial del INPI en calle Humboldt 320, colonia Del Valle, en los hechos no corresponde, además de que no existe ningún número telefónico para poder comunicarse. Si las personas indígenas o cualquier ciudadano requieren alguna gestión o informes, no tienen a dónde acudir.
Además de que, si se requiere ser atendido por el representante en el estado, tampoco se sabe en dónde encontrarlo, pues se desconoce la ubicación de donde esté cumpliendo su servicio.
Cisneros Sánchez puntualizó también que, al recurrir a la información pública, este servidor público aparece como representante estatal de Michoacán, aunque ahí tampoco se le ha podido ubicar y dicen que ahí no trabaja.
“¿Entonces dónde está el representante del INPI de San Luis Potosí que gana un sueldo mensual de 73 mil pesos brutos, equivalente a 886 mil 812 pesos anuales?”, cuestionó.
En este sentido, el activista explicó que el decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, establece en su artículo 11 que se debe contar con oficinas locales como órganos de representación en las entidades federativas en las que así se requiera, y los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas como órganos de operación regional.
“Supuestamente, con dichas oficinas se busca garantizar la atención transversal en las dependencias y entidades de la administración pública federal, los Poderes Federales y los órganos constitucionales autónomos, (…) pero en el caso del estado, lo anterior a la fecha no está garantizado. No se sabe de qué privilegios goza este personaje para violar la propia Ley del INPI y derechos correlacionados”.
Además, apuntó a que no sólo es el vacío institucional que genera la ausencia del representante, sino que el conjunto de servidores públicos que se supone trabajan en la oficina de representación tampoco se sabe dónde están, pero continúan cobrando sin atender al público que los busca.
Ante la situación, Reyes Martínez presentó un escrito de denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INPI, en el que detalla los hechos señalados. La misma fue registrada en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, de acuerdo con el oficio SABG/OICAYB/ADI/0418/2026 del Área de Denuncias e Investigaciones, del pasado 24 de abril.
En el documento se establece que se denuncian hechos que podrían actualizar infracciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de que el área procedió a su análisis, fue registrada y se radicó el expediente 2026/INPI/DE28 con folio ciudadano 68991/2026.
Sin embargo, Cisneros Sánchez informa que, de manera extraoficial, tuvo conocimiento de que el representante estatal fue citado para que explicara su ausencia, pero en realidad no se ha dado una sanción proporcional a esta omisión, que impacta en la falta de una plantilla de al menos 15 personas, que se supone deberían estar a la disposición de la ciudadanía.
“Desde 1988 que se abrió una oficina de enlace del INI no había pasado esto. Mario Godoy prácticamente paralizó y ahora desapareció la oficina. Advertimos que no sabía hacer nada, pero ser hermano de la nueva fiscal Ernestina Godoy le da impunidad”.
