Por Victoriano Martínez
Si tolerar una injusticia es provocar otra, la aplicación de sanciones blandas que lejos de inhibir atentados ecocidas se podría decir que prácticamente los incentivan de tal manera que se debilita la protección ambiental, especialmente de Áreas Naturales Protegidas.
Cuando el 6 de mayo de 2024 dos helicópteros de las empresas Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park realizaron un sobrevuelo a muy baja altura sobre el Sótano de las Golondrinas y provocaron la muerte de cientos de aves, la indignación de los pobladores y testigos del hecho exigía una sanción ejemplar para que el caso no se volviera a repetir.
Una indignación que se volvía mayor en tanto se conocía la razón de aquel acto ecocida: la grabación de video para elaborar promocionales para el Grupo Vidanta, operador de hoteles.
Una indignación que se volvía coraje al toparse con la reacción de una autoridad que en lugar de acudir al sitio para detener la acción ecocida y registrarla como indudable falta que debería ser sancionada con severidad, puso como obstáculo una frustración que afortunadamente no cedió y continuaron con su exigencia de justicia.
Motivo adicional de indignación fue descubrir que una funcionaria de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) prácticamente les dio vía libre para el sobrevuelo y cuando pretendían tener el apoyo de la dependencia para presentar la denuncia, la Secretaría les negó el apoyo.
Tras superar los obstáculos y haber sido ignorados por la Fiscalía General del Estado, la denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) avanzó y hasta fines de octubre del año pasado aplicó las sanciones:
A la empresa Heliservicios Internacionales le aplicó una multa de 542 mil 850 pesos equivalentes a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) y a Operadora Vallarta Park de 325 mil 710 pesos (tres mil UMA), además de imponerles un plan de mitigación ambiental y social que no han realizado.
“Después del vuelo de los helicópteros de Vidanta, al ver que las sanciones son tan pequeñas, ya se han metido otros seis helicópteros más al área natural protegida”, señaló Rosa María Balvanera Luviano, abogada del Barrio Unión de Guadalupe, perteneciente a la comunidad tének de Tamapatz, en el municipio de Aquismón.
El efecto que han tenido las débiles multas aplicadas y un plan de mitigación que no se respeta ha llevado a los representantes del Barrió Unión Guadalupe, administradores de la ANP Sótano de las Golondrinas, a impugnar la resolución y gestionar otras medidas para lograr una protección real del sitio, ante el ingreso ilegal de más aeronaves.
Con el sobrevuelo, Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park incurrieron en cuando menos cuatro de las 25 faltas enlistadas en el artículo 122 Ley General de Vida Silvestre, entre las cuales a tres se le debieron aplicar multas que van desde 50 a 50 mil veces la UMA y a otra entre 200 y 75 mil veces la UMA.
A pesar de la gravedad de la acción (miles de aves muertas y miles de nidos destruidos en plena temporada de anidación) el monto de las multas quedó muy por debajo de las sanciones máximas: para Heliservicios Internacionales contra el tipo de multas aplicables en un caso se la aplicó el 10 por ciento del monto máximo y en el otro apenas el 7.14 por ciento.
Para el caso de Operadora Vallarta Park, las multas quedaron entre el 6 por ciento y el 4.28 por ciento de las multas máximas que se le pudieron aplicar.
Visto así, con las multas en los hechos pusieron una tarifa a los sobrevuelos que a las empresas que quieran su video promocional con imágenes aéreas a baja altura en el Sótano de las Golondrinas les bastará con agregarle un máximo de 5 mil veces la UMA a los costos de producción.
Una cuota, pues, para cometer un ecocidio y salir impune.
