Alejandro Rubín de Celis
San Luis Potosí lleva 17 años de padecer gobiernos gallardistas que, impunemente, desde las alcaldías de Soledad y de San Luis Potosí, primero, y desde hace 4 años y siete meses desde el Gobierno del Estado, han incurrido en múltiples actos de corrupción según ha sido ampliamente documentado y denunciado ante las fiscalías estatal y federal. Con excepción del encarcelamiento de Ricardo Gallardo Cardona en 2015 por una carpeta de investigación mal integrada que facilitó su liberación mediante un amparo, ninguna autoridad de procuración de justicia ha hecho algo en los últimos 11 años para llevar a tribunales a varios integrantes de la familia Gallardo que han estado involucrados en diversos delitos. Lamentablemente, tampoco la sociedad ha hecho lo necesario para que eso suceda.
En una nota publicada el pasado 6 de mayo en el portal sinembargo.mx, Manuel Nava Calvillo dio a conocer que el pasado 15 de enero el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), colectivo al que él pertenece, entregó una carta en la Fiscalía General de la República dirigida a su titular, Ernestina Godoy Ramos, para pedirle que revisara una serie de denuncias presentadas ante esa instancia y a las que no se ha dado seguimiento durante años.
El FCA pide a la fiscal en su documento una “revisión detallada” del expediente relativo al amparo indirecto 16/2015 concedido a Ricardo Gallardo Cardona por el Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, relativo a la triangulación de recursos por 209 millones de pesos de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez a empresas de los Gallardo, para determinar si aún no ha prescrito y en su caso retomarlo ante “las acciones que omitió su antecesor”, Alejandro Gertz Manero, que no hizo nada para darle seguimiento.
Le piden a Ernestina Godoy reactivar varios casos más que se describen así en el escrito:
- La denuncia por compra simulada de medicamentos por más de 60 millones de pesos por parte (de) Ricardo Gallardo Juárez como alcalde en el trienio 2015-2018 a una proveedora inexistente de nombre Sandra Sánchez Ruiz presentada el 12 de febrero de 2018 ante la Fiscalía General del Estado y remitida por ésta a la Fiscalía General de la República el 12 de febrero de 2019.
- La denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de la familia Gallardo Cardona y otros, presentada el 23 de febrero de 2018 ante la Fiscalía General del Estado y remitida por ésta a la Fiscalía General de la República el 10 de diciembre de 2020, según información verbal de Federico Garza Herrera, proporcionada en febrero de 2021, cuando era todavía Fiscal General del Estado.
- La denuncia presentada el 14 de agosto de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (ante la FGR) mediante oficio No. 110/276/2020, por desvíos en los que incurrieron Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona por $724’608,296.43 en el periodo de 2012 a 2019.
- Las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí los días 18 de febrero, 1 de abril, 7 de mayo, 15 de mayo, 23 de mayo y 18 de julio de 2019 por desvío de recursos de cuando menos $436´374,512.26 por delitos de peculado y defraudación fiscal.
En la parte final de la carta, el FCA manifiesta a Ernestina Godoy: “Confiamos en que su compromiso con el combate a la corrupción, con todos los antecedentes que le hemos comentado, así como la constante información que aparece en medios de comunicación sobre el manejo irregular del erario por parte de Gallardo Cardona en completa opacidad, le permitan considerar abrir una investigación más a profundidad sobre la operación delincuencial de quien, cuando menos en el AMPARO INDIRECTO No.16/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito tiene acreditado un modus operandi para apropiarse de recursos públicos.”.
Ahora veremos qué tanta voluntad política real hay de parte de la nueva fiscal… y de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su toma de protesta, Ernestina Godoy fue implacable en el discurso: “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad. (…) Las víctimas y el agravio a la sociedad deben ser el centro de nuestra actuación. (…) Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado…”. Veremos, pues, si está dispuesta a atender la petición del FCA. Por lo pronto ya pasaron casi 4 meses y no se sabe nada al respecto. La misma presidenta Sheinbaum ha hablado de “cero tolerancia” a la corrupción y la impunidad. En La mañanera del pasado 4 de mayo, dijo: “Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios”.
A sabiendas de que, en los hechos, la FGR no es un órgano autónomo del Estado mexicano sino una instancia dependiente de Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad de oro con el caso de los Gallardo, porque además de saber de sus marrullerías y el daño que le han hecho a su gobierno, conoce de sus actos de corrupción y puede dar instrucciones a la fiscal para que actúe.
Es una prueba de fuego pues es bien conocido que Morena y la Presidencia de la República, desde la gestión de AMLO hasta ahora, han dependido del Verde para aprobar reformas Constitucionales (el bien mayor, se dice, porque son normas para beneficio de todos los mexicanos) lo que ha provocado, según algunos, un “mal menor” que es ¡haberle entregado a un virtual delincuente, Ricardo Gallardo Cardona, la gubernatura del estado en 2021 mediante una ilegítima y condenable operación política a cargo de Mario Delgado! ¿A alguien le parece un “mal menor” que todo un estado, con tres millones de habitantes, haya tenido que padecer las ocurrencias, los abusos, el dispendio, los excesos, las corruptelas y la opacidad (entre otros muchos agravios) del peor gobernador que ha tenido San Luis Potosí en los últimos 40 años, con el enorme riesgo de que su proyecto familiar y de grupo (la gallardía) continúe al menos hasta 2033?
Desafiar al Verde y a Gallardo Cardona mediante la reactivación de las carpetas de investigación que obran en poder de la FGR y con la enorme posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación, comenzando por un seguro delito de enriquecimiento ilícito, nada más durante su mandato como gobernador (que algunos medios han documentado y que basta retomarlos bajo indagación institucional para que surtan efectos legales) no es cosa menor. Habría sin duda un costo político para la presidenta y para Morena, pero es momento de dar un paso firme y decidido para demostrar que el gobierno está del lado de la sociedad, más allá de alianzas pragmáticas que tan alto costo le han significado ya a la presidencia de la República, y más cuando ya no se ven en el horizonte modificaciones constitucionales relevantes, si acaso la reforma fiscal, la que, todo parece indicar, la presidenta no quiere enfrentar.
La sociedad potosina no tendría por qué aguantar 16 meses más de un gobierno impositivo e insensible que no resuelve ninguno de los problemas estructurales del estado. Actuar de inmediato, dando prioridad a la revisión y en su caso reactivación de expedientes y una nueva investigación lo más expedita posible sobre los muy presumibles actos de corrupción, derivaría, con toda seguridad, en unos cuantos meses, en determinar la comisión de diversos delitos de orden penal que permitan llevarlo ante un juez y ser vinculado a proceso para luego ser juzgado.
Hay que decir también que la sociedad ha permanecido impasible sin hacer la parte que le toca en términos de denunciar por todos los medios a su alcance las terribles cosas que hace el gobierno actual, y exigir el cumplimiento de las leyes, salvo algunas excepciones de medios y personas que usan las redes sociales para hacerlo. Un grupo reducido de personas como el que integra el Frente Ciudadano Anticorrupción, que ha hecho grandes esfuerzos durante muchos años para visibilizar y denunciar los actos indebidos de la gallardía, es notoriamente insuficiente.
Declara Manuel Nava para este espacio: “Existe un factor a su favor (del gobernador y de la gallardía): que la sociedad no estamos organizados para demandar que eso ya no pueda suceder. Creo que es ahí el punto crucial. No nos hemos podido poner de acuerdo para hacer un frente común y decir: ´eso ya no puede suceder, ya no debe suceder´. Está difícil porque ha sido mucho tiempo en la apatía, en dejar que pase a ver si la ola no nos toca. La carga de la prueba le queda a la sociedad: cómo organizarse si ya los partidos dejaron de ser elementos o vehículos para poder acceder a puestos con gente que mínimamente represente las necesidades de la gente”.
¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este deplorable estado de cosas? ¿Dónde quedó la dignidad de la sociedad potosina para exigir que se castigue a los corruptos y que sus autoridades actúen en el marco de la ley ¡por su propio beneficio!?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periodista desde hace 38 años. Fue coordinador de Noticias de Canal 7 de televisión en SLP y director de la revista Transición en sus versiones impresa y electrónica. Docente universitario durante 31 años. Ha impartido materias de periodismo, ética de la comunicación y opinión pública.
