Desiree Madrid
San Luis Potosí mantiene convenios de coordinación en materia de seguridad con Guanajuato y Zacatecas, y avanza en la posibilidad de concretar acuerdos similares con Nuevo León y Veracruz, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández.
El funcionario explicó que la estrategia busca reforzar la vigilancia en comunidades de municipios limítrofes, donde se han detectado incidentes relacionados con grupos criminales.
Señaló además que la coordinación con estados vecinos ha permitido mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones estatales desde la firma del convenio con Guanajuato.
“Creo que hemos avanzado mucho en las comunidades colindantes y hemos tenido una respuesta inmediata gracias a la comunicación que tenemos con los secretarios, tanto de Jalisco como de Guanajuato y Zacatecas, en casos específicos”, declaró Juárez Hernández al referirse a los resultados obtenidos mediante estos mecanismos de colaboración entre entidades vecinas.
El secretario precisó que los convenios no sustituyen los mecanismos de coordinación que ya contempla la legislación federal, sino que funcionan como herramientas complementarias para atender problemáticas concretas en zonas fronterizas entre estados.
Explicó que la diferencia radica en que los acuerdos formales permiten establecer canales más directos de comunicación entre mandos operativos y agilizar la respuesta ante hechos delictivos o movimientos detectados en áreas limítrofes.
De los convenios actualmente vigentes, Juárez Hernández destacó el de Guanajuato como el que ha generado resultados más inmediatos, aunque no ofreció cifras ni casos específicos que respalden esa afirmación.
Sobre Zacatecas, aseguró que existe una comunicación permanente con las autoridades de seguridad de esa entidad, mientras que con Jalisco se mantiene coordinación constante, aunque hasta ahora no existe un convenio formal firmado entre ambas administraciones.
La intención del gobierno estatal es ampliar ese esquema hacia Nuevo León y Veracruz, entidades que fueron identificadas por el funcionario como prioritarias debido a la importancia estratégica de las zonas limítrofes compartidas con San Luis Potosí.
Sobre Nuevo León, afirmó que existe disposición de las autoridades de seguridad para avanzar en la formalización del acuerdo.
“Yo apostaría, sugeriría que fuera Nuevo León y Veracruz”, señaló al ser cuestionado sobre cuál podría concretarse próximamente.
La inclusión de Veracruz resulta relevante debido a que comparte con San Luis Potosí una franja territorial que abarca municipios de la Huasteca Potosina, región donde en los últimos años se han registrado disputas entre grupos delictivos y problemas de seguridad vinculados al control de rutas y territorios.
Municipios como Tamazunchale, Ciudad Valles y Ébano concentran buena parte de la movilidad entre ambas entidades, por lo que una coordinación más estrecha tendría impacto directo en la vigilancia de esa región. No obstante, el secretario no detalló en qué etapa se encuentran las negociaciones ni una fecha estimada para la firma del convenio.
Juárez Hernández enmarcó estos acuerdos dentro de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal desde el inicio de la actual administración, la cual ha contribuido a disminuir distintos índices delictivos en la entidad.
Entre las acciones mencionó el combate al narcomenudeo, la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el despliegue del operativo Escudo Potosí en los accesos carreteros y límites territoriales del estado.
La coordinación interestatal en materia de seguridad se ha convertido en una práctica recurrente entre gobiernos estatales que comparten fronteras con entidades afectadas por altos niveles de violencia, como Guanajuato y Zacatecas.
En el caso de San Luis Potosí, la administración estatal apuesta por fortalecer ese modelo mediante convenios bilaterales que permitan una actuación más inmediata en regiones limítrofes. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer indicadores públicos que permitan medir el impacto concreto de los acuerdos ya firmados.
