Texto y fotografías de María Ruiz
A las seis de la tarde comenzaron a colocar las cruces sobre la cantera de Plaza de Armas. No llegaron terminadas. Algunas todavía estaban sin pintar; otras permanecían acostadas sobre cartones mientras varias mujeres las cubrían con aerosol rosa. El memorial a Karla Pontigo volvió a convertirse, por unas horas, en un espacio intervenido por madres, colectivas y familiares de víctimas de feminicidio.
La Acción Colectiva contra la Violencia de Género realizada este 14 de mayo en el marco del Día Estatal por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio, reunió actividades sencillas en apariencia, pintura de cruces y lectura de un posicionamiento público. Pero debajo de esa dinámica había otra discusión más profunda: quién sostiene la memoria de los feminicidios cuando las instituciones dejan de hacerlo.
“Las cruces anteriores desaparecieron y el espacio se quedó vacío”, explicó Susana González, madre de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio hace 14 años en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
La decisión de reinstalar las cruces surgió, justamente, después de que las anteriores desaparecieran del memorial entre el deterioro, el paso del tiempo y la falta de permanencia del propio espacio.
La nueva intervención fue impulsada por madres y colectivas cercanas a Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo Lucciotto, quien tenía 22 años cuando la asesinaron la madrugada del 29 de octubre de 2012 en San Luis Potosí.
Su caso se convirtió en uno de los referentes nacionales sobre feminicidio e impunidad, particularmente por las irregularidades documentadas durante la investigación inicial. En noviembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir el caso y establecer que debía investigarse con perspectiva de género como feminicidio.
Desde entonces, el Memorial Karla, ubicado frente a Palacio de Gobierno, forma parte de las medidas de reparación para su familia y se ha consolidado también como un espacio de memoria colectiva para víctimas de feminicidio en San Luis Potosí.
Más que una ceremonia conmemorativa, la intervención funcionó como un acto de recuperación del memorial y de reapropiación simbólica del espacio público. Volver a colocar las cruces implicó también reconstruir físicamente un sitio de memoria que, con el paso del tiempo y la ausencia de mantenimiento institucional, había quedado nuevamente vacío.
Familias siguen enfrentando solas los procesos por feminicidio
Mientras algunas asistentes acomodaban flores en las bases de madera, Susana habló de otro desgaste menos visible: el institucional.
La madre de Lupita cuestionó las condiciones de acceso a la justicia para víctimas indirectas de feminicidio en San Luis Potosí, pues las fallas persisten independientemente del tiempo que lleven abiertos los casos.
“Da lo mismo que tenga 12 años como nosotros o que sea un feminicidio reciente”, dijo.
Para ejemplificarlo, mencionó el caso de una madre que recientemente se acercó a las reuniones de la colectiva después del asesinato de su hija en la colonia Las Flores. Según explicó, la mujer llegó sin conocer información básica de su caso.
“No sabía ni siquiera su número de carpeta”, señaló Susana. Tampoco había recibido orientación sobre derechos, apoyos institucionales o acceso al fondo para gastos funerarios.
La crítica apuntó directamente hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), instituciones que, según explicó, siguen dejando vacíos elementales en momentos críticos para las familias.
“Antes el argumento era que había demasiados casos y exceso de trabajo. Pero seguimos igual”, afirmó.
La observación surgió además en el contexto de los trabajos impulsados por Sofía Viramontes —hermana de Lupita Viramontes y defensora de derechos humanos— quien participa en la construcción del primer “Protocolo de Primera Actuación para Víctimas Indirectas”, elaborado desde la colectiva de madres víctimas colaterales de feminicidio Por Ellas, Por Nosotras, Por Todas.
En ese contexto, Susana González cuestionó que, pese a los reportes oficiales sobre una disminución en las cifras de feminicidio en San Luis Potosí, las deficiencias institucionales continúan reproduciéndose.
“Qué bueno si ya dejaron de morir mujeres en San Luis Potosí”, dijo con una ironía contenida al referirse al contraste entre los datos oficiales y las experiencias que siguen enfrentando las familias.
Sin embargo, enseguida regresó al punto central, la disminución estadística no se traduce necesariamente en mejores condiciones de atención institucional.
Trabajo entre familias y ningún soporte permanente
En la colectiva, explicó Susana, permanecen actualmente siete familias de víctimas de feminicidio. El acompañamiento que realizan ocurre prácticamente sin estructura formal y sin recursos extraordinarios que les permitan costear asesorías jurídicas, peritajes independientes o atención psicológica permanente desde la propia organización.
Hasta ahora, el trabajo de la colectiva se sostiene desde la experiencia acumulada por las mismas madres y familiares: lo que han aprendido a enfrentar solas frente a ministerios públicos, fiscalías y comisiones de atención a víctimas.
Ese acompañamiento, explicó, consiste en orientar a otras familias que atraviesan procesos recientes de feminicidio, compartir información sobre procedimientos, advertir sobre posibles irregularidades y ayudarles a que el camino institucional resulte menos desgastante. Todo ello, a partir de trayectorias marcadas por la revictimización, la dilación de los casos y la falta de acceso efectivo a la justicia.
“Lo poco que hemos logrado ha sido mediante nosotras mismas, bajo los recursos propios de cada una, que son limitados y con el acompañamiento mutuo”, resumió.
Susana enfatizó que este panorama es el que atraviesa a buena parte de los casos de feminicidio en México: las madres terminan especializándose en expedientes, fiscalías y protocolos porque las instituciones no alcanzan, o no logran, acompañar integralmente los procesos.
El trabajo cotidiano de las colectivas, entonces, no sólo consiste en protestar. También implica orientar a otras familias recién atravesadas por la violencia, explicar trámites y traducir procedimientos legales en medio del duelo.
Somos invisibles ante el sistema: madres
Durante la jornada también intervino Esperanza Lucciotto, quien cuestionó además la ausencia de pronunciamientos públicos más amplios por parte de instituciones estatales y municipales, pese a tratarse de una fecha reconocida oficialmente.
Pero el núcleo de su intervención volvió a colocarse sobre las investigaciones. “Nosotras somos las que investigamos”, afirmó al describir el papel que han asumido las familias frente a las deficiencias institucionales.
También rechazó cualquier posibilidad de levantar la Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí mientras persistan irregularidades en los procesos judiciales y ausencia de sentencias efectivas.
En su caso, recordó, la búsqueda de justicia lleva más de una década atravesando cambios de fiscalías, revisiones y nuevos procesos.
Lo que permanece en la plaza
La lectura del posicionamiento colectivo cerró la actividad con exigencias dirigidas a autoridades estatales y municipales: investigaciones diligentes, reparación integral y participación real de las familias en las políticas públicas relacionadas con violencia feminicida.
Pero incluso después de terminar el pronunciamiento, las cruces siguieron ocupando el centro de la escena. Rosas, recientes, todavía húmedas por la pintura. No parecían instaladas para permanecer intactas mucho tiempo.
Tal vez ahí radicaba parte de su sentido, recordar que la memoria de las víctimas en San Luis Potosí sigue dependiendo de ejercicios que necesitan rehacerse constantemente para no desaparecer otra vez.
Algunas personas se detenían a mirar. Otras rodeaban el memorial sin preguntar demasiado.
Las madres continuaban ahí. Acomodando flores. Enderezando cruces. Sosteniendo, otra vez, lo que las instituciones dejaron caer.
