Fernanda Durán
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una iniciativa de reforma para modificar diversos aspectos de la elección judicial, entre ellos aplazar la jornada electoral prevista para 2027 hasta junio de 2028, homologar criterios de evaluación de candidaturas, reducir el número de aspirantes por cargo y simplificar el diseño de las boletas electorales.
La propuesta fue presentada este 18 de mayo durante la conferencia matutina del Gobierno Federal por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien sostuvo que la reforma que enviará el Ejecutivo al Congreso sobre la elección judicial busca establecer reglas más claras y no únicamente aplazar este ejercicio hasta 2028.
Esto ocurre luego del diagnóstico técnico entregado días antes por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual advirtió que la concurrencia de elecciones federales, locales y judiciales en 2027 podría convertirse en un escenario “prácticamente inmanejable”.
“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial en 2028 con algunas característica especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección para el 28 dada la cantidad de puestos que se elegirán en el 27, además de que se debían hacer algunos ajustes”, comentó la mandataria.
De acuerdo con la presentación oficial, la primera modificación plantea mover la elección judicial federal y local al domingo 4 de junio de 2028. El documento señala que las elecciones judiciales posteriores continuarían realizándose de manera concurrente con procesos ordinarios en 2030, 2033 y 2036.
La reforma contempla que en 2028 se elijan cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, y 385 juezas y jueces de distrito, además de 424 magistraturas y 2 mil 831 jueces locales en 25 estados.
Como segundo eje, el Gobierno Federal propone crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, con el objetivo de homologar metodologías y criterios de evaluación de aspirantes judiciales.
Según la presentación, esta comisión verificaría el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y establecería criterios unificados de evaluación y selección, incluyendo exámenes de conocimientos para todas las candidaturas.
La tercera prioridad de la iniciativa busca reducir el número de candidaturas por cargo y especialidad para facilitar la votación ciudadana. El esquema plantea que los comités evalúen conocimientos, competencias, antecedentes y “buena fama pública” de las personas aspirantes, para posteriormente seleccionar a las cuatro mejor evaluadas por cargo; después se realizaría una insaculación pública para reducirlas a dos candidaturas por posición, respetando la paridad de género.
La presentación ejemplifica que, bajo este nuevo modelo, las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; las del Tribunal de Disciplina Judicial de 45 a 30; y las del TEPJF de 63 a 42.
El cuarto punto central de la reforma plantea simplificar las boletas electorales judiciales. El modelo propone que cada persona vote únicamente por un juez y un magistrado por especialidad entre las candidaturas postuladas por los tres Poderes, además de distinguir visualmente qué candidaturas corresponden a cada uno.
El Gobierno Federal también plantea que el INE pueda dividir el territorio en distritos judiciales específicos para garantizar la operación de este nuevo sistema de votación.
Entre otras modificaciones, la iniciativa contempla reforzar criterios para homologar reglas de las elecciones judiciales locales con las federales; implementar capacitación permanente para jueces y magistrados; permitir que elecciones judiciales y ordinarias se desarrollen en la misma ubicación; y adelantar de septiembre a abril el plazo del Senado para emitir convocatorias generales.
Durante la mañanera se informó que la reforma se prevé enviar a la Cámara de Diputados para que sea discutida y aprobada antes del próximo 10 de junio en un periodo extraordinario.
Días antes, el INE entregó a la Cámara de Diputados un diagnóstico técnico en el que planteó la necesidad de aplazar la elección judicial federal hasta 2028, al señalar riesgos relacionados con la operación simultánea de casillas, la impresión masiva de boletas, la capacitación de personal electoral y la complejidad de organizar dos tipos de procesos electorales en una misma jornada.ajo parlamentario.
