Desiree Madrid
La Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja en la elaboración de un padrón estatal para regular el transporte de agua en pipas, un servicio del que dependen cientos de familias y colonias de San Luis Potosí donde el suministro por red es insuficiente o simplemente no existe.
El director de la dependencia, Pascual Martínez Sánchez, informó que ya comenzaron a enviarse oficios a los ayuntamientos para recabar información sobre las unidades que operan en cada municipio y sobre los sitios donde se abastecen de agua, aunque el registro aún se encuentra en una etapa inicial y no existe una fecha definida para concluirlo.
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales objetivos es verificar que tanto las pipas como los puntos de carga cumplan con la normatividad sanitaria y operativa aplicable. Explicó que el primer requisito para quienes transportan agua es ajustarse a la Norma Oficial Mexicana NOM-127, relacionada con la calidad del agua para uso y consumo humano. Además, las unidades deben encontrarse en condiciones físicas adecuadas para evitar contaminación durante el traslado del líquido.
“Primero tiene que cumplir con la norma 127 y que los camiones obviamente cumplan con las condiciones adecuadas para que puedan transportar el agua”, señaló Martínez Sánchez al referirse a los criterios que pretende aplicar la CEA dentro del proceso de regularización.
El funcionario sostuvo que las revisiones buscan garantizar condiciones mínimas de seguridad sanitaria en un servicio que, ante las fallas de distribución en distintas zonas del estado, se ha vuelto indispensable para miles de personas.
Otro de los puntos que la dependencia busca revisar son las fuentes de abastecimiento utilizadas por las pipas. Martínez Sánchez reconoció que existen puntos de carga que operan de manera clandestina y sin supervisión oficial, situación que representa un riesgo directo para la población que consume esa agua. Según explicó, parte del trabajo de la CEA consiste precisamente en identificar cuáles sitios cumplen con las normas y cuáles funcionan fuera de cualquier regulación.
“Los puntos de carga de agua de esas pipas realmente cumplan, primero estén vigentes, que cumplan con las normas y que no sean puntos clandestinos, que no cumplan con la normatividad porque si no generaría un problema hacia la ciudadanía”, declaró el titular de la CEA. Pese a ello, el funcionario no precisó cuántos puntos irregulares han sido detectados hasta el momento ni cuántas pipas operan actualmente en el estado.
Martínez Sánchez explicó que el levantamiento del padrón depende en buena medida de la colaboración de los ayuntamientos, ya que los municipios son constitucionalmente responsables de prestar el servicio de agua potable. Por ello, la CEA únicamente coordina los criterios técnicos y solicita información, mientras que las autoridades municipales deben proporcionar datos sobre las unidades y sus condiciones de operación.
El director de la dependencia reconoció además que, sin la participación de los gobiernos municipales, la regularización no puede avanzar de manera integral, pues la CEA no cuenta con facultades para intervenir unilateralmente en servicios que corresponden a los ayuntamientos conforme al artículo 115 constitucional. Aun así, aseguró que el proceso ya comenzó y que los oficios para recopilar información ya fueron enviados a distintas administraciones municipales.
La intención de regular el servicio de pipas no es nueva en San Luis Potosí. Desde junio de 2019, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Aguas para regular el transporte y venta de agua mediante vehículos cisterna, facultando a la CEA para expedir permisos, integrar un padrón oficial, realizar revisiones y establecer límites máximos de precios para evitar cobros excesivos. Aquellas modificaciones también contemplaron sanciones económicas para quienes operaran fuera de la ley o incumplieran con las disposiciones sanitarias y administrativas.
Aunque esa reforma legal fue aprobada hace casi siete años, la propia CEA reconoce que actualmente todavía no existe un padrón consolidado que permita conocer cuántas pipas operan, de dónde se abastecen y bajo qué condiciones sanitarias trabajan. Mientras ese diagnóstico no se concrete, las familias que dependen de este sistema continúan recibiendo agua sin mecanismos claros para verificar si el servicio cumple con las normas oficiales o si el líquido proviene de fuentes autorizadas.
