Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió tres quejas ciudadanas en contra de la Unidad Especializada para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, relacionadas con presuntas omisiones, violaciones a derechos humanos y desacuerdos en torno a consultas indígenas.
Durante sesión del Comité de Orientación y Atención Ciudadana se dio cuenta de dos escritos en los que ciudadanos solicitaron la intervención del Poder Legislativo. En uno de los casos se pidió contribuir a la destitución del director de la unidad, Julio Hernández Miguel, petición que previamente también fue presentada ante la Contraloría Municipal.
Otro ciudadano denunció presuntas violaciones a sus usos y costumbres durante una consulta indígena realizada por la instancia municipal, por lo que solicitó respaldo del Congreso local.
Sin embargo, la comisión legislativa determinó que no cuenta con facultades para intervenir directamente, al tratarse de asuntos municipales protegidos por el artículo 115 constitucional. Por ello, los expedientes fueron canalizados tanto al Ayuntamiento capitalino como a la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo.
Además, se abordó un tercer asunto promovido por Marco Antonio García Huerta, quien señaló presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte de la misma unidad municipal. Ante ello, el comité solicitó información a la Primera y Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que informó que ya da seguimiento al caso.
La presidenta del comité, la diputada Roxana Hernández, explicó que el Congreso únicamente puede orientar y canalizar este tipo de inconformidades debido a la autonomía constitucional de los municipios.
“Es un tema del Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde el ciudadano viene y pide la orientación porque no se le está dando el trato adecuado o la dirección adecuada en el Ayuntamiento, entonces viene [al Congreso]; pero el tema es que tenemos un artículo que defiende el municipio como un municipio libre, pues no nos podemos meter”.
La legisladora añadió que, jurídicamente, las facultades del Congreso se limitan a remitir los casos a las instancias competentes, como la Comisión de Derechos Humanos y el propio Ayuntamiento para su atención correspondiente.
