Desiree Madrid
Once organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos, junto con periodistas, académicos y activistas, suscribieron este miércoles una carta pública dirigida a los tres Poderes del Estado de San Luis Potosí, en la que exigen el cese inmediato del uso del derecho penal para perseguir a comunicadores, periodistas y creadoras de contenido detenidos o con órdenes de aprehensión a partir de reformas vinculadas a inteligencia artificial, manipulación de imagen e identidad digital.
La carta, fechada el 27 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, documenta que desde el 21 de este mes fueron detenidas Eréndira Reyes Aguillón, comunicadora digital; y Alejandra Hermosillo, funcionaria pública.
Asimismo, se emitió una orden de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas Anahí Torres González, periodista y directora de varios medios de comunicación en San Luis Potosí. También se desconoce el motivo de la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook “Código Rojo”, con sede en Ciudad Valles.
Las organizaciones firmantes señalaron que las detenciones y las órdenes de aprehensión representan una grave señal de deterioro democrático y un riesgo directo para la libertad de expresión, el debate público y el ejercicio periodístico en la entidad.
Argumentaron que el tipo penal empleado presenta una redacción ambigua, amplia e imprecisa que incumple con los principios de estricta legalidad y taxatividad exigidos en un Estado democrático.
En la misiva se advierte que la vigencia de dicha norma produce un efecto inhibitorio —conocido en el derecho internacional como “chilling effect”— sobre periodistas, medios, activistas y ciudadanía en general, quienes enfrentan incertidumbre jurídica respecto de qué expresiones podrían derivar en investigaciones penales, detenciones o procesos judiciales.
Las organizaciones citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido reiteradamente que las normas ambiguas con amplios márgenes de discrecionalidad estatal son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
Al Poder Judicial del Estado, las firmantes le solicitaron garantizar plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de todas las personas investigadas o detenidas. También le pidieron aplicar estándares reforzados de protección a la libertad de expresión y de prensa, así como determinar la no vinculación a proceso de las personas imputadas, al considerar que no existen condiciones compatibles con los estándares constitucionales e interamericanos para restringir mediante la vía penal la libertad de expresión.
A la Fiscalía General del Estado, las organizaciones le demandaron cesar el uso expansivo del derecho penal para perseguir expresiones protegidas constitucionalmente, abstenerse de criminalizar actividades periodísticas, comunicativas, críticas, satíricas o de interés público, y evitar detenciones arbitrarias, actos de intimidación o medidas desproporcionadas contra periodistas y comunicadores.
Al Congreso del Estado, las firmantes le exigieron abrir un proceso amplio, plural y técnicamente informado mediante un Parlamento Abierto, con participación de especialistas en derechos digitales, libertad de expresión, inteligencia artificial, academia, periodismo y sociedad civil. Además, le pidieron revisar integralmente el tipo penal cuestionado a la luz de los estándares constitucionales e interamericanos, y abstenerse de impulsar o mantener normas ambiguas que permitan la censura indirecta o el silenciamiento de voces críticas.
La carta señala que la discusión sobre inteligencia artificial, manipulación digital y protección de derechos debe realizarse desde una perspectiva democrática y respetuosa de los derechos humanos, y que regular tecnologías emergentes no puede servir como pretexto para debilitar libertades fundamentales ni para ampliar facultades punitivas.
“En una democracia constitucional, el derecho penal no es la primera razón, sino la última”, sostiene el documento.
El pronunciamiento fue suscrito por Alianza de Medios Mx, Artículo 19 México y Centroamérica, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Justicia, Valencia y Asociados Abogados Penalistas, Propuesta Cívica, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Reporteros Sin Fronteras, Fundar, y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
