María Ruiz
La reforma al Código Penal de San Luis Potosí conocida como Ley Serrano, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés y enfocada en sancionar el uso no autorizado de inteligencia artificial y la manipulación digital, continúa generando preocupación entre organismos, periodistas y defensores de derechos humanos debido a sus posibles implicaciones sobre la libertad de expresión.
Al ser cuestionada sobre la postura del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas respecto a lo que ocurre en San Luis Potosí y los posicionamientos emitidos sobre el tema, la periodista Verónica Espinosa Villegas, consejera ciudadana del Consejo Consultivo del mecanismo federal, aseguró que la preocupación ya fue planteada al interior de la Junta de Gobierno.
“Quiero decir que este es un tema que hemos hablado en la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y desde el Consejo Consultivo. Hablamos de lo preocupante que es esta reforma y de las implicaciones tan graves que tiene en contra de la libertad de expresión”, expresó.
Añadió que desde el Consejo consideran que la legislación tiene un propósito de control y presión hacia voces críticas.
“La vemos como una reforma evidentemente dirigida a censurar y a intimidar, y a ocasionar un acoso ministerial y judicial en contra particularmente de periodistas, pero también hacia activistas y personas de organizaciones civiles que realizan un ejercicio crítico del gobierno”, afirmó.
La consejera también cuestionó la postura adoptada por el mecanismo local de protección en San Luis Potosí, al considerar que ha minimizado el problema.
“Nos parece inaudito y reprochable que un mecanismo cuya función fundamental es acompañar y proteger la libertad de expresión, el derecho a defender derechos y el ejercicio periodístico, se deslinde y se lave las manos de una situación que tendría que estarle alarmando”, señaló.
De acuerdo con Espinosa Villegas, desde las instancias federales se han realizado solicitudes formales de información dirigidas al mecanismo local, a la Fiscalía y al Gobierno del Estado; sin embargo, no han obtenido respuestas satisfactorias.
“Lamentablemente no ha habido una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales, pero no hemos quitado el dedo del renglón”, sostuvo.
Al ser cuestionada por el posicionamiento tardía del Mecanismo estatal, y ante las declaraciones de la fiscal general de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, quien aseguró que si bien hay personas detenidas por los delitos que implica esta reforma, no se detectó que las personas involucradas tuvieran un vínculo con el ejercicio periodístico, Espinosa Villegas cuestionó los criterios utilizados por las autoridades para determinar quién ejerce periodismo y quien no.
“Nos gustaría muchísimo conocer cuáles son los estándares, ¿qué concepto tienen de periodismo?”, declaró.
Añadió que, más allá de esa discusión, el problema central radica en el diseño de la reforma.
“Esta tipificación penal es excesiva, va en contra de estándares internacionales de libertad de expresión, es regresiva y representa un abuso de autoridad al derecho a disentir, informar, comunicar y a la libre expresión”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial aún se encuentra en una etapa temprana y que la respuesta institucional no puede traducirse en persecución.
“La vía no puede ser ni la censura, ni la persecución judicial, ni la criminalización, ni utilizar esto como un pretexto para aplastar el ejercicio periodístico y el derecho de las personas a expresarse y opinar libremente”, enfatizó.
Llamado a organismos nacionales e internacionales
La consejera reconoció que existe preocupación por el contexto político y la relación entre autoridades estatales y medios de comunicación.
“Sabemos cuán complicada ha sido la relación del Gobierno del Estado con medios de comunicación. Al gobernador no le gusta que se le cuestione, no le gusta la crítica, no le gusta el periodismo que investiga sus actos de gobierno”, expresó.
También hizo un llamado a periodistas y comunicadores a apoyarse en organismos nacionales e internacionales especializados en libertad de expresión.
“Es muy importante que sepan que no están solos. Hay organizaciones nacionales e internacionales que están defendiendo la libertad de expresión y que ya pusieron la mirada en lo que está pasando en San Luis”, indicó.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que medidas similares puedan replicarse en otros estados y tener consecuencias particularmente delicadas en procesos electorales.
“Es muy fácil que se reproduzcan estos ejercicios de abuso de autoridad y sobre todo, lo que más nos preocupa, es que ocurran en contextos electorales. Esto incrementa mucho los riesgos para las y los periodistas, incrementa las agresiones y es algo que ya no podemos permitir”, concluyó.
