Fernanda Durán
En el marco de las reuniones para analizar la reforma electoral local, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Denisse Porras Guerrero, advirtió que el próximo proceso electoral de 2027 requerirá un fortalecimiento presupuestal y operativo del organismo, especialmente ante la entrada en vigor del nuevo calendario electoral aprobado recientemente por el Congreso del Estado.
Luego de que se avalara la reforma electoral impulsada originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la magistrada presidenta reconoció que el tribunal deberá acelerar sus preparativos rumbo al arranque formal del proceso, que ahora comenzará el 15 de noviembre.
“Estamos a contrarreloj”, señaló al ser cuestionada sobre los pendientes que enfrenta el órgano jurisdiccional antes del inicio del proceso electoral.
Porras Guerrero explicó que una de las principales prioridades será fortalecer la estructura operativa del tribunal, debido a que actualmente cuenta con una plantilla reducida frente a las exigencias de los procesos electorales, en los que todos los días y horas son considerados hábiles. Señaló que actualmente “el personal trabaja ahí sin recibir un peso de horas extras”.
“Va a ser un presupuesto que realmente fortalezca nuestras capacidades, que nos permita operar con un poquito más de personal; la estructura del tribunal, la verdad, es muy pequeña”.
Indicó que, además de mantener la capacitación permanente del personal actual, será necesario contratar trabajadores eventuales para atender la carga jurisdiccional durante las elecciones.
También sostuvo que el presupuesto deberá construirse bajo criterios de austeridad, aunque insistió en que los recursos destinados a la justicia electoral impactan directamente en la estabilidad democrática del estado.
“Debemos estar presionados por nuestra responsabilidad, que es resolver conforme a derecho, pero no por temas presupuestales”.
En ese contexto, confirmó que el tribunal solicitará un aumento presupuestal para el próximo ejercicio fiscal. Actualmente, el organismo ejerce alrededor de 32.5 millones de pesos, pero la meta mínima planteada asciende a 45 millones.
“Lo que representa el presupuesto es muy poquito si lo ponemos en balance con los resultados que da el tribunal y, sobre todo, con lo que tiene que ver con la paz social y la estabilidad democrática”.
Porras Guerrero también defendió la permanencia de los tribunales electorales locales, luego de que durante la discusión federal del llamado “Plan B” se planteara la posibilidad de desaparecerlos y concentrar sus funciones en el Poder Judicial de la Federación.
La magistrada aseguró que el 97 por ciento de los asuntos electorales que llegan al tribunal potosino se resuelven en la instancia local, lo que, dijo, demuestra la relevancia de estos órganos para la atención inmediata de los conflictos político-electorales.
