Fernanda Durán
La organización Artículo 19 y un grupo de ciudadanos potosinos, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para derogar diversos delitos vinculados al uso de inteligencia artificial incorporados recientemente al Código Penal del Estado, al considerar que representan una amenaza para la libertad de expresión y han generado un efecto de inhibición y acoso judicial contra periodistas, activistas, medios de comunicación y ciudadanía en general.
De acuerdo con la organización, la propuesta fue entregada el pasado 5 de junio y busca eliminar tres artículos incorporados en 2025 bajo la denominación de “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”: los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER.
El artículo 187 TER sanciona el uso de inteligencia artificial para crear o modificar contenidos que simulen la identidad o apariencia de una persona sin consentimiento; el artículo 272 BIS castiga la “difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial” cuando tenga como propósito “generar alarma pública o alterar la paz social”; mientras que el artículo 272 TER tipifica la “manipulación institucional mediante inteligencia artificial”, relacionada con contenidos que simulen declaraciones o actuaciones de autoridades o instituciones públicas.
La organización señaló que desde la aprobación de la reforma, distintas organizaciones y especialistas advirtieron que los tipos penales contenían conceptos ambiguos y amplios que permitían un extenso margen de interpretación por parte de las autoridades.
“Bajo fórmulas vagas e indeterminadas, la autoridad puede perseguir expresiones críticas o materiales de interés público”, expone el comunicado, al advertir que no existen criterios objetivos claros para diferenciar entre crítica legítima protegida constitucionalmente y conductas sancionables penalmente.
El documento también sostiene que, a menos de seis meses de la entrada en vigor de la reforma, los artículos ya fueron utilizados para detener e investigar a personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras en San Luis Potosí, sin que hasta ahora se hayan precisado públicamente las conductas concretas consideradas delictivas ni los criterios utilizados para justificar las detenciones y órdenes de aprehensión.
Entre los casos mencionados se encuentran los de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, así como órdenes de aprehensión giradas contra al menos ocho personas más, incluida la periodista Anahí Torres González. También se menciona la detención de Christian Herrera, administrador de la página Código Rojo en Ciudad Valles, cuyo caso estiman podría estar relacionado con la aplicación de estos mismos delitos.
La iniciativa advierte además que las penas previstas son “desproporcionadas y excesivas”, particularmente en el caso del artículo 272 TER, que contempla sanciones de tres a seis años de prisión por “manipulación institucional mediante inteligencia artificial”, castigo que resulta comparable con delitos que implican violencia física.
“Estos castigos se imponen por el simple acto de expresarse”, sostiene el documento, al señalar que la falta de precisión en los tipos penales permite que autoridades ministeriales y judiciales introduzcan valoraciones subjetivas sobre qué discursos consideran prohibidos.
Con base en ello, la propuesta presentada ante el Congreso solicita derogar completamente los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER del Código Penal estatal y exhorta al Poder Legislativo a abstenerse de impulsar normas ambiguas “que permitan la censura, la persecución judicial y el silenciamiento de voces críticas”.
Finalmente, afirmaron que la discusión sobre inteligencia artificial y manipulación digital debe realizarse bajo estándares constitucionales e interamericanos de libertad de expresión y legalidad penal, mientras que la regulación de nuevas tecnologías “no puede servir como pretexto para debilitar libertades fundamentales ni ampliar facultades punitivas del Estado”.
