María Ruiz
El doctor Miguel Waldo Izquierdo, presidente de la Fundación Genoveva, informó que el amparo promovido por la organización tras la negativa de ampliar el acceso a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) continúa en proceso y aún no ha sido resuelto.
En entrevista, explicó que el recurso legal busca defender derechos relacionados con el acceso a la salud y evitar criterios que puedan excluir a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“No estamos luchando una necedad, estamos luchando un derecho que está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales”, expresó.
Asimismo, señaló que hasta el momento no han sostenido reuniones con la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí para abordar el tema, pese a que han intentado establecer acercamientos de manera directa.
“No, hemos intentado buscar directamente a la Secretaría de Salud. El tema que tenemos con el Estado es que se cuadran a lineamientos federales”, indicó.
Waldo sostuvo que las organizaciones civiles mantienen un contacto constante con personas que diariamente enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos, tratamientos y medicamentos, por lo que consideró necesario generar mayor apertura hacia estos organismos.
“Nosotros somos quienes estamos todos los días con personas reales de carne y hueso luchando batallas en hospitales y distintos espacios comunitarios”, afirmó.
Además, señaló que las problemáticas relacionadas con la atención médica reflejan una situación más amplia dentro del sistema de salud, el cual calificó como saturado.
Por su parte, la activista y defensora de derechos humanos LGBTIQ+, Kenia Cuevas, señaló que muchas organizaciones comunitarias han tenido que asumir funciones relacionadas con la prevención y acompañamiento debido a la falta de respuestas institucionales.
Indicó que diversos programas operan mediante esfuerzos comunitarios y alianzas externas, pese a que el acceso a tratamientos, medicamentos y servicios de salud debería estar garantizado.
“No podemos llegar a esta situación porque esto debería ser una obligación y un derecho para la ciudadanía. Es obligación del Estado cubrir necesidades básicas”, afirmó.
Finalmente, Cuevas consideró que además del acceso a tratamientos y medicamentos es necesario fortalecer las estrategias preventivas y generar un acompañamiento integral para las personas usuarias de los servicios de salud.
“La prevención es la apuesta principal; necesitamos trabajar antes de que los problemas se agraven”, concluyó.
