Estela Ambriz Delgado
El representante tének en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), Rafael Reyes Martínez, solicita al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) su intervención en caso del despojo del predio La Peña en el municipio de Tampamolón Corona, para que proporcione asesoría y asistencia jurídica integral a las personas que fueron detenidas arbitrariamente y con violencia.
En un escrito dirigido al director general del INPI, Adelfo Regino Montes, así como al titular de la oficina de representación estatal Mario Alberto Godoy Ramos, el consejero les informa sobre los antecedentes del conflicto.
Explica que este lleva ya más de tres décadas sin resolución institucional y escaló de forma crítica tras la irrupción violenta de civiles armados y elementos de la Guardia Civil Estatal.
Indica que el predio en disputa, se ubica estratégicamente a escasos 200 metros de la cabecera municipal, una posición que en los últimos años ha despertado una fuerte ambición comercial y el interés de supuestos propietarios por impulsar desarrollos urbanos a costa del despojo comunitario.
Asimismo, Reyes Martínez puntualiza que La Peña originalmente estaba conformado por una serie de ranchos particulares que fueron abandonados hace más de 30 años por sus antiguos dueños y, desde entonces, aproximadamente 100 familias de origen indígena tének se asentaron en la extensión de 200 hectáreas, con una posesión y resguardo de las tierras de manera continua, pública y pacífica.
Al respecto, subraya que jurídicamente este arraigo prolongado ya constituye los elementos necesarios para invocar la figura legal de la prescripción positiva, y a ello se suma el que, a través de diversas administraciones estatales, se intentó regularizar el terreno, bajo la asesoría de organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).
En el mismo sentido, en el documento se indica que dentro de estos procesos con los que se intentó regularizar se ha acumulado un expediente con diversos documentos; sin embargo, desde el mandato del gobernador Horacio Sánchez Unzueta hasta la fecha, se han arrastrado una cadena de omisiones estructurales.
De igual manera, el consejero apunta a que recientemente el caso había sido planteado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mediante mesas de diálogo, e incluso el expediente ya había sido canalizado a la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Gobernación (Segob), y la propia presidencia de la República, para ya darle resolución.
Por otra parte, el escrito narra los hechos del 9 de junio y describe la irrupción de manera violenta en la comunidad para ejecutar la ocupación forzada del territorio, e informa sobre las detenciones de Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez, y Miguel Santos.
Reyes Martínez solicita que se le proporcione la asesoría y asistencia jurídica integral para garantizar el debido proceso y la inmediata liberación de las personas tének detenidas arbitrariamente, violentando sus derechos humanos e integridad personal.
También hace mención de que la comunidad posesionaria del predio nunca fue notificada previamente de algún acto procesal, por tanto, no tenían conocimiento de alguna sentencia y pide que se notifique a la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que den atención a los afectados, a los desalojados, y a quienes se encuentran detenidos sin mediar traductores o defensores legales.
