Estela Ambriz Delgado
Desde el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) se señaló que la actitud omisa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio Público de Tampamolón Corona sobre a la orden judicial de restituir sus tierras y viviendas a los habitantes del predio La Peña, evidencia una alarmante falta de autonomía técnica y una peligrosa politización del aparato de procuración de justicia, por lo que piden que se haga un apercibimiento por desacato y se obligue a cumplir.
En relación al atraso en el cumplimiento de la resolución emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, que concede la suspensión provisional a las familias nahua y tének, y ordena la restitución inmediata de las tierras de las que fueron desalojados con violencia y de las viviendas que fueron destruidas, el integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, consideró que una subordinación política tiene retenida la justicia.
Indicó que a una semana de que el Poder Judicial de la Federación emitiera esta histórica resolución, el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Tampamolón Corona se niega a acatar de forma inmediata el mandato federal, dilatando el proceso bajo el argumento de estar a la espera de “instrucciones superiores”, con lo que politiza un mandato judicial de carácter estrictamente obligatorio.
El activista apuntó que en esta resolución, hecha en acatamiento al fallo del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito sobre la Queja Penal 195/2026, que dictó un auto definitivo dentro del incidente de suspensión 405/2026 de la mesa I, se concedió una suspensión provisional con efectos restitutorios, por lo que ordena lo siguiente:
“… de manera inmediata, fije fecha y hora para el desahogo de la diligencia en la que se restituya a los directamente quejosos en la vivienda y tierras de las que fueron lanzados ubicadas en el Rancho La Peña, localidad Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, y levante el acta circunstanciada correspondiente…”.
Cisneros Sánchez puntualizó que con esta dilación la FGE pretende ignorar que los magistrados federales determinaron que la comunidad no debió ser despojada de su espacio vital. Al tratarse de una flagrante violación a los derechos humanos, la devolución de las viviendas y parcelas debe ser inmediata, sin esperar el desenlace total del juicio.
Asimismo, son omisos en que el auto federal es explícito al señalar que, de existir dilación o desacato, el agente del Ministerio Público responsable se hará acreedor a una multa de 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo.
De igual forma, apuntó a que la parálisis del Ministerio Público prolonga la situación de desamparo de las familias originarias y de un menor de edad, atropellando la urgencia que el propio juzgado federal decretó, que incluye también la coordinación de intérpretes en lenguas náhuatl, tének y maya mediante el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) en Tancanhuitz.
“La actitud omisa de la Fiscalía local evidencia una alarmante falta de autonomía técnica y una peligrosa politización del aparato de procuración de justicia en San Luis Potosí, donde las órdenes de mandos superiores parecen pesar más que los mandatos de la Constitución y los Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la OIT”.
Para concluir, el activista mencionó que las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios y la opinión pública exigen a la FGE el cese inmediato de las maniobras dilatorias.
Además de que hacen un llamado urgente al Juzgado Quinto de Distrito para que haga efectivo el apercibimiento por desacato y obligue al Ministerio Público a cumplir con la restitución material del predio La Peña, garantizando la seguridad e integridad física de las familias retornadas.
